Sao Paulo.

El presidente interino de Brasil, Michel Temer, y su grupo parlamentario postergaron para finales de 2018 un prometido aumento salarial a los empleados judiciales que podría costar a los contribuyentes 68 mil millones de reales (equivalentes a 21 mil millones de dólares), reportó este sábado el periódico O Estado de Sao Paulo.

La decisión responde a políticas de ajuste del gasto antes del juicio político contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff, según declaraciones de ministros y acompañantes que se reunieron con Temer el viernes pasado en Sao Paulo.

Todos los trabajadores del poder judicial, incluidos jueces, funcionarios de tribunales y fiscales, estaban incluidos en los aumentos proyectados.

Al posponerlos, en medio de la recesión más severa en ocho décadas que enfrenta el país, Temer podría obtener el respaldo necesario para una ambiciosa reforma del gasto, la cual incluye reformular un sistema de pensiones que pierde dinero, modificar leyes laborales e impositivas y limitar el crecimiento de las erogaciones presupuestarias.

El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, señaló en una entrevista con la revista Veja que la creciente confianza en el panorama de la economía, ante la definición del juicio político contra Rousseff, podría mejorar la recaudación impositiva en 45 mil millones de reales este año, lo que ayudaría al gobierno a reducir el déficit esperado para 2016 sin aumentar los impuestos, informó Meirelles a Veja.

Rousseff está acusada de maniobras fiscales para maquillar el informe de las cuentas públicas de su gestión en 2014 y 2015, por lo que enfrenta un juicio en el Senado que podría acabar con su destitución. De ser así, sería Temer quien completaría el mandato, que terminará el primero de enero de 2019. El juicio político para la destitución de la gobernante debe empezar el próximo día 25, poco después de concluir los Juegos Olímpicos. Se estima que el Senado podría emitir su veredicto final una semana después.