Washington.

Las compañías que pertenecen al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, deben al menos 650 millones de dólares. Ello representa el doble de lo que reconoce en el contexto de su campaña, reportó este sábado el diario The New York Times. El rotativo recurrió a un instituto de estudios especializado en el sector inmobiliario para buscar datos sobre las propiedades del magnate, particularmente edificios de oficinas y campos de golf.

Además de los 650 millones de dólares en deudas, una parte sustancial de su fortuna está vinculada con tres asociaciones que suscribieron créditos por 2 mil millones de dólares. Si esos pasivos no se saldan Trump no será responsable, pero el valor de las inversiones que realizaron en conjunto se desplomaría, aseguró el Times.

El magnate inmobiliario hace campaña sobre la base de lo que considera su espectacular y exitoso negocio de bienes raíces, el cual, sostiene, vale unos 10 mil millones de dólares. Constantemente hace referencia a su perspicacia para los negocios como su mayor cualidad para ser presidente.

Sin embargo, Donald Trump ha desestimado las crecientes presiones, incluso de su partido, para que difunda su declaración de impuestos y permita una valoración independiente de sus activos.

Personal de campaña de Trump admite que las compañías tienen deudas por cerca de 315 millones de dólares, cosa que según el Times parece cierto, pero al mismo tiempo los republicanos no han exigido a su candidato revelar todo lo relativo a las deudas de las firmas.

Aunque el periódico no lo acusa de haber hecho nada ilegal, la investigación subraya el misterio que sigue rodeando sus actividades empresariales.

Entre los acreedores de Trump figura, según el diario, uno de los principales bancos de China –país al que el candidato acusa de ser el enemigo comercial de Estados Unidos– y el banco Goldman Sachs, al que acusa de favorecer a su rival demócrata, Hillary Clinton.

Por otra parte, Clinton podrá responder por escrito a una demanda por el uso de un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado, resolvió un juez federal.

En un fallo de dos páginas emitido el viernes, el juez Enmet Sullivan rechazó obligar a Clinton a declarar en persona por el caso que promovió el grupo conservador Judicial Watch.

Hillary Clinton cuenta con 30 días para responder a las preguntas de Judicial Watch sobre el uso de un servidor no autorizado cuando era jefa de la diplomacia estadunidense, señala la resolución.

A principios de julio la fiscal general, Loretta Lynch, decidió no presentar cargos contra Clinton por el uso del servidor privado, luego de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recomendó archivar el caso.

Sin embargo, el director de la FBI, James Comey, dijo que a pesar de que no había evidencia de que Clinton o sus asesores hubieran violado la ley, fueron extremadamente descuidados en el manejo de información sensible y altamente clasificada.

Clinton ofreció disculpas por utilizar una cuenta privada de correo electrónico y su servidor durante el tiempo en que estuvo al frente de Departamento de Estado, entre 2009 y 2013.

Sus opositores argumentan que el incumplimiento de reglas sobre protección de documentos clasificados contra un ataque cibernético puede representar un delito.

La demanda de Judicial Watch amenaza con mantener viva la controversia de los correos electrónicos hasta semanas antes de la elección presidencial, el 8 de noviembre próximo.

Para mayor información sobre la campaña presidencial en Estados Unidos, consultar el blog www.jornada.unam.mx/ultimas/elecciones-presidenciales-de-estados-unidos/