casi dos años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero –durante una agresión en la que también murieron otras seis personas–, los padres de las víctimas decidieron romper el diálogo que mantenían hasta esta semana con la Procuraduría General de la República (PGR), al considerar que la dependencia encabezada por Arely Gómez González no ha demostrado avances de la investigación interna contra sus funcionarios. En particular, los familiares de los desaparecidos reiteraron que no se ha cumplido una de sus principales demandas: la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, a la sazón titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Resulta de por sí agraviante el hecho de que a casi 24 meses de la agresión en Iguala no se hayan clarificado de manera convincente los puntos principales del episodio, empezando por el paradero de los desaparecidos. Por añadidura, el contexto en que se produce el rompimiento mencionado y las razones que lo provocan son la más reciente demostración de la indolencia y la aparente indiferencia de las instituciones del Estado por llegar al fondo de uno de los episodios más emblemáticos y dolorosos de las violaciones y atropellos impunes cometidos en este país al amparo del poder público.
Al empeño por sostener una verdad histórica
que ha sido severamente cuestionada por estudios independientes a los efectuados por la PGR se suma ahora el empecinamiento institucional de esa dependencia en mantener en el cargo a Tomás Zerón, pese a su documentada participación en diligencias ministeriales –omitidas en la averiguación previa– que terminaron por enrarecer y contaminar las pesquisas oficiales en la materia.
Cabe recordar que antes de concluir su estancia en el país, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –instancia de coadyuvancia creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– recomendó investigar la actuación de Zerón de Lucio por las irregularidades cometidas por la agencia a su cargo. Sin embargo, al igual que otras de las recomendaciones de esa agrupación, la petición referida fue echada en saco roto por la PGR.
En los entornos institucionales apegados al estado de derecho y la legalidad, la credibilidad de los servidores públicos es un bien intangible especialmente valorado por las autoridades, y en esa lógica se deben investigar exhaustivamente los cuestionamientos formulados contra alguno de sus integrantes. En el México contemporáneo, sin embargo, da la impresión de que el grupo gobernante prefiere mantener abiertas las suspicacias y las críticas contra sus integrantes –por válidas y legítimas que resulten– en lugar de esclarecer los factores que las originan.
Por desgracia, más allá de la credibilidad en las instituciones, semejante actitud acrecienta un clima de vulnerabilidad de las garantías individuales que se ha venido acumulando durante décadas y se ha expresado con particular crudeza en los años recientes. Por no ir más lejos, la opacidad, la impunidad y la incoherencia con que las esferas oficiales han abordado desde un principio la atrocidad de Iguala han propiciado la comisión de otros crímenes semejantes, como la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. En ese mismo contexto se inscriben hechos como los ocurridos en Tlatlaya, en junio de 2014, y Tanhuato, esta última el año pasado.
Es imperativo actuar a fondo, abandonar coartadas y tapujos institucionales y empeñar las plenas capacidades del Estado en el esclarecimiento verdadero del destino de los 43 muchachos de Ayotzinapa y de miles de mexicanos anónimos que se encuentran desaparecidos. Un paso previo y necesario para ello es la remoción de obstáculos para la justicia y el esclarecimiento de estos casos, como el que actualmente representa Tomás Zerón.
