La violencia política contra las mujeres se ha incrementado. En 2006 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) registró 103 casos de agresiones e intimidación contra candidatas a puestos de elección popular, informó el titular de ese organismo, Santiago Nieto.

Se pronunció por modificar la ley para tipificar ese delito e imponer sanciones más fuertes cuando la violencia provenga de dirigentes de partidos o funcionarios públicos.

Durante un foro organizado por las comisiones para la Igualdad de Género de ambas cámaras, representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronunciaron por eliminar la violencia de ese tipo.

Legisladoras del PRI denunciaron esa práctica en su partido. La diputada Arlet Molgora señaló que en la elección de junio pasado, en la que participó como candidata a alcaldesa de Chetumal, atentaron contra ella y hasta se metieron con mi familia, mi hija y mi esposo.

La senadora priísta Itzel Ríos de la Mora resaltó que pareciera que justo cuando vamos alcanzado la paridad, es más visible la violencia contra las mujeres. Narró que en alguna ocasión permití la violencia política, porque a uno le enseñan que tiene que ser institucional. Hoy entiendo que no es disciplina, sino discriminación.

El subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, sostuvo que la participación política de las mujeres no tiene camino de regreso, y recordó que un día antes el Tribunal Electoral invalidó la elección municipal en San Felipe Orizatlán, Hidalgo, luego de comprobar que el candidato ganador mostró conductas misóginas contra su oponente.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, resaltó que es necesario impulsar reformas a la legislación electoral, conceptualizar la violencia política y definir mecanismos de prevención y sanción.

El magistrado Constantino Carrasco Daza, en nombre del TEPJF, manifestó que el incremento sustantivo de juicios para la protección de los derechos políticos, promovidos por mujeres víctimas de violencia, exige una respuesta ejemplar, que no permita la impunidad.

Al respecto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Diva Gastélum, resaltó que se requiere un marco jurídico adecuado y no buscar anologías para poder aplicar la ley, sino que sea un traje a la medida de la problemática que enfrentan las mujeres en ese tema de participación política electoral.

La senadora panista Lucero Saldaña expresó la necesidad de dar claridad y definición del delito para que la instrumentación y las instituciones puedan tener los elementos más claros y no pensar en incluir la violencia política electoral en una de agresión generalizada.