Brasilia.

En una carta abierta al pueblo brasileño, la suspendida presidenta Dilma Rousseff hizo este martes un llamado para que el Senado ponga fin al proceso de juicio político que amenaza con destituirla a finales de mes. Tras pedir que no condenen a una inocente, propuso que, de ser reinstalada en el cargo, la ciudadanía decida si se realiza una elección anticipada.

Horas más tarde, Teori Zavascki, juez del Supremo Tribunal Federal que se encarga de la investigación de corrupción en Petrobras, dispuso la apertura de un proceso para determinar si Rousseff y su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, incurrieron en el delito de obstrucción a la justicia.

El caso se refiere al nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil, ordenado por Rousseff en marzo pasado.

En su misiva, en la que admite que cometió errores durante su gestión, pero nunca delitos, Rousseff pidió a los senadores “que no cometan la injusticia de condenarme por un crimen que no cometí. No existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente... Será necesario que el Senado cierre el proceso de impeachment, reconociendo ante las pruebas irrefutables que no hubo crimen”.

Prometió que su vuelta al poder podría traer el surgimiento de una nueva y prometedora realidad política, y podría hacer viable la anticipación de las elecciones de 2018, así como la profunda reforma política y electoral que en su opinión necesita Brasil.

En su carta, titulada Mensaje al Senado y al pueblo brasileño y leída ante la prensa en el Palacio de Alvorada, prometió que si no es destituida en la etapa final del juicio que comenzará el 25 de agosto, y que se extenderá por cinco días, convocará a un plebiscito para que los brasileños decidan si quieren anticipar las elecciones presidenciales.

La restauración total de la democracia requiere que la población sea la que decida cuál es la mejor forma de expandir la gobernabilidad y perfeccionar el sistema político y electoral brasileño, escribió, y añadió: Es la única manera de salir de la crisis.

Electa en 2010 y relecta en 2014 con más de 54 millones de votos, la primera presidenta de Brasil es acusada de violar la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso y fue remplazada interinamente el pasado 12 de mayo por su vicepresidente, Michel Temer, a quien ella acusa de encabezar un golpe parlamentario.

La mandataria suspendida, que repasó su carrera política, su paso por la cárcel y la tortura que sufrió durante la dictadura (1964-1985), exhortó a los senadores a defender la democracia e insistió en que “si se consuma el impeachment sin crimen de responsabilidad, tendríamos un golpe de Estado”. Rousseff acusa a Temer, presidente interino, de haberla traicionado al articular un arco opositor para llegar al poder con el apoyo del Congreso.

Lula consideró que un eventual plebiscito no es tan esencial, y dijo que lo importante es fortalecer el diálogo con los senadores, mientras el presidente del Tribunal Superior Electoral, Gilmar Menedes, calificó la propuesta de broma de niños, por inviable.

En este contexto, Brasil convocó al embajador de Uruguay, Carlos Amorin, para que explique los comentarios del canciller de ese país, Rodolfo Nin Novoa, quien acusó a Brasilia de intentar comprar su voto para impedir que Venezuela asuma la presidencia rotativa del Mercosur.

Ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja del Parlamento, Nin Novoa dijo la semana pasada que su gobierno está molesto con el intento de Brasil de evitar que Caracas encabece el grupo.

El canciller brasileño, José Serra, vino con la pretensión de que se suspenda el traspaso (de la presidencia) y que si se suspendía, nos iban a llevar en sus negociaciones (comerciales) con otros países, como queriendo comprar el voto de Uruguay, dijo Nin Novoa, según el diario local El País.