San Cristóbal de Las Casas, Chis.

La fracción parlamentaria del partido Morena en la Cámara de Diputados federal presentó ante el Congreso de Chiapas una solicitud de juicio político en contra del alcalde de San Cristóbal de las Casas, Marco Antonio Cancino González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El diputado Guillermo Santiago Rodríguez aseguró que Cancino González ha violado sistemáticamente la Constitución y las leyes locales al cerrar el cabildo a los ciudadanos y mantener en secreto las decisiones, al no existir transparencia en su administración y crear un Instituto de la Fe, que atenta contra el sentido republicano y laico del Estado.

Agregó que ha habido ataques como el ocurrido el 19 de julio, cuando fueron desalojados maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y pobladores que bloqueaban la carretera, con resultado de dos heridos de bala, con participación de policías municipales.

Han aumentado la delincuencia y la inseguridad en San Cristóbal de las Casas porque ha propiciado la creación de grupos de choque y dado poder a la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que dirige Narciso Ruiz Sántiz, sostuvo.

Recordó que el 14 de marzo pasado unos 50 de sus hombres irrumpieron en la sala de Bellas Artes, donde se reunirían los miembros de la Asamblea Ciudadana, creada por pobladores para presionar a Cancino González a fin de que se reanuden las sesiones públicas de cabildo, y agredieron a varias personas, entre ellas Concepción Villafuerte Blanco, directora del periódico local La Foja Coleta.

Santiago Rodríguez dijo que la solicitud de juicio político fue firmada por los 36 legisladores que integran la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara baja, así como por Jerónima Toledo Villalobos, regidora plurinominal de Morena en el ayuntamiento de San Cristóbal.

Vamos a exigir que proceda la solicitud de juicio político. No es posible que un alcalde siga violentando de esa manera la vida pública de nuestra ciudad y de nuestro estado. No se pueden tolerar acciones que, lejos de ayudar a la población, la afectan de forma directa, aseveró.