La decisión de un juez federal de liberar a Ildefonso Zamora, indígena ambientalista, pone fin a nueve meses de injusticia, luego de que fue privado de su libertad el 20 de noviembre de 2015. En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que asistieron familiares y amigos, Zamora denunció que a días de su liberación teme por el hostigamiento de las autoridades del estado de México.

Pese a recobrar la libertad tenemos miedo mi familia y yo; hasta pensamos que pudieran existir algunas otras carpetas fabricadas, algunos otros delitos inventados. Espero que no suceda, vamos a estar a la expectativa. No me explico por qué he sido perseguido, por qué tanta criminalización con mi familia y conmigo. No le hemos hecho nada a las autoridades.

Zamora es originario de San Juan Atzingo, estado de México, donde ha combatido la tala clandestina de los bosques y se ha dedicado a la reforestación desde 1998.

En tanto, Santiago Aguirre, del Centro Prodh y Perseo Quiroz, de Amnistía Internacional, señalaron que el Poder Judicial de la Federación reconoció que en el proceso penal contra el ambientalista por robo agravado se violó su derecho a la presunción de inocencia al no existir pruebas en su contra.

Al salir de la prisión tras rencontrarse con su familia, el defensor expresó agradecimiento a quienes lo apoyaron en exigir su liberación. Espero retomar mis proyectos de lucha en defensa de la tierra de los tlahuicas y los bosques, que marcan la vida para las generaciones futuras, pues sin ellos no hay agua y sin ésta no hay vida.

ONG exigen garantías de seguridad

Amnistía Internacional, Greenpeace y el Centro Prodh recibieron con satisfacción la liberación de Ildefonso. Reconocieron la importante labor del juzgado quinto de amparo al garantizar su derecho a un juicio justo y exigieron a las autoridades mexiquenses reconocer como legítima la labor de defensa del Gran Bosque de Agua, del cual forma parte San Juan Atzingo, y que no haya persecución contra los ambientalistas o sus familias, pues, argumentaron, la defensa de los bosques continúa y el Estado debe garantizar dicha actividad sin temor a represalias.

Según los representantes de las ONG hay elementos para presumir que su encarcelamiento se basó en denuncias de los daños que se están causando al territorio y al entorno de su comunidad. “Su caso es representativo de la criminalización que sufren los defensores de los derechos humanos y del ambiente en México.

La liberación de Zamora es un primer paso para la justicia y la protección del Gran Bosque de Agua, que fue posible por la incansable lucha de su familia, su defensa y la exigencia de más de 47 mil personas que apoyaron la campaña #IldefonsoLibre, agregaron.

Manifestaron que entre 2010 y 2015 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, documentó 240 agresiones a defensores del medio ambiente, principalmente en Sonora, Oaxaca y estado de México, este último con 12 casos.