A partir de enero del año entrante, las procuradurías y fiscalías estatales deberán incluir y detallar en sus estadísticas delitos como el feminicidio y la trata de personas.

En un contexto en el que las entidades federativas niegan u ocultan esta problemática, según denuncias de organizaciones civiles, las agencias del Ministerio Público tendrán que dar más datos acerca de estos homicidios y las características de los casos de trata.

Los grupos no gubernamentales exigen que en las averiguaciones previas se especifique el perfil de las víctimas y los victimarios.

Por ejemplo, precisar si son mujeres transexuales, travestis, transgénero, migrantes o indígenas, entre algunas características.

El año pasado, en Baja California, con motivo de una amplia investigación acerca del nivel de violencia contra las mujeres en esa entidad, los solicitantes de la emisión de la alerta de género advirtieron que el gobierno local acusaba una falta de tipificación efectiva de este delito, al grado de ignorar la gravedad del problema y caer en misoginia institucional.

La administración bajacaliforniana reportó que entre 2008 y 2015 había abierto casi 70 mil averiguaciones previas por diversos hechos, de los cuales 680 fueron homicidios de mujeres, aunque de 556 no se aportaron detalles de ocupación u otra característica de las víctimas.

En el caso de Michoacán (de los más recientes, junto con el de Baja California), los grupos civiles alertan acerca de una violencia generalizada a partir de los operativos federales contra el crimen, así como por producto de la violencia intrafamiliar.

La procuraduría estatal dijo que entre 2006 y 2014 se registró la muerte de 719 mujeres en hechos violentos; 712 fueron clasificados de homicidios dolosos y sólo siete como feminicidios.

Sin embargo, estos últimos no son clasificados como tales en la incidencia compilada actualmente por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación (SG).

En la actualidad, las clasificaciones generales se relacionan con homicidios dolosos y culposos; secuestros, extorsión y robo de vehículos. En la ampliación de datos hay 11 subclasificaciones, aunque en el caso de homicidios y lesiones sólo se indica si son dolosas o culposas y si fueron con arma blanca, de fuego u otras, mientras en delitos sexuales sólo se indica: violación, estupro y otros.

En el primer semestre del año fueron denunciados en el país 750 mil 875 delitos del fuero común, atendidos por procuradurías y fiscalías, aunque en la estadística nacional no se especifican datos de las víctimas.

En el cambio de metodología para el registro y clasificación de los delitos, cuya operación y capacitación está a cargo del SNSP de la SG, se ampliará la información del secuestro y los tipos penales relacionados.

De igual manera, se requerirán más detalles y la consignación para fines estadísticos del robo de autopartes y los delitos medioambientales. También se pretende mejorar la calidad de la información relacionada con las víctimas del delito.

Los niveles de clasificación, dijo la SG, contribuirán a distinguir estadísticamente los delitos dolosos de los culposos, los bienes jurídicos afectados y brindarán información por sexo y grupos de edad, entre otros factores.

El programa nacional de capacitación sobre la nueva metodología para la clasificación y reporte de la incidencia delictiva para fines estadísticos se inició el mes pasado en la SG.

Con ello será sustituido el método usado durante 18 años. El objetivo es contar con información homologada de mayor calidad, basada en normas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y estándares internacionales.

Serán capacitados 651 agentes del Ministerio Público que fungirán de formadores de 9 mil funcionarios ministeriales en las 32 entidades federativas.

Los cursos serán impartidos por el SNSP y por el Inegi.

El secretario ejecutivo del SNSP, Álvaro Vizcaíno, subrayó que la metodología considera las propuestas y demandas de organizaciones de la sociedad civil y significa el fortalecimiento de las áreas de análisis y estadística de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia.