El matrimonio entre parejas del mismo sexo sí es una prioridad para quienes, sin ese requisito, no pueden tener seguridad social, establecer un parentesco o construir un patrimonio familiar, señaló ayer el Movimiento por la Igualdad en México (Moviimx)

En respuesta a la declaración del diputado César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien afirmó que el tema no es medular para su bancada, exigieron debatir el asunto en el próximo periodo legislativo.

Héctor Salinas Hernández, académico y activista por la diversidad sexual, opinó que la sociedad civil no ha logrado crear una estrategia para proteger sus derechos, a diferencia de la jerarquía católica, que tiene gran capacidad de influencia ideológica para obstaculizarlos.

Si bien el matrimonio igualitario es una demanda bandera, existen otras necesidades para la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, apuntó en entrevista Salinas Hernández.

Se han enfocado en el matrimonio igualitario, que ya tiene un impulso importante a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insistió. La salud –que es más que el VIH–, las consecuencias sicológicas de la homofobia y el uso y abuso de sustancias tóxicas son algunas, enumeró.

Consideró que los activistas deben organizarse mejor para incluir esos pendientes. El planteamiento del matrimonio ahora es a escala nacional y eso obliga a una lucha histórica, pero dispersa. Fuera de la Ciudad de México, aseveró, “los grupos de facto tienen mayor influencia en una sociedad menos acostumbrada a las libertades”.

Los representantes de la Iglesia católica y de la derecha llevan la delantera en el cabildeo con legisladores. Con mayores recursos económicos, de estructura y militancia, han logrado intervenir para frenar muchas iniciativas, aseveró. Son una fuerza política que no puede ser fácilmente desdeñada.