Pese a la oposición de legisladores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mantiene reservada por 10 años la información sobre el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales.

Al igual que el año pasado, la SCT no remitió a la Comisión Permanente del Congreso el informe del primer semestre de 2016, sino que precisó en un oficio que es información reservada por una década.

La SCT tomó esa decisión en 2015, a partir de los cuestionamientos al dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Víctor Flores, y de la orden de un juez de que no sea él quien maneje los recursos de los 35 mil trabajadores jubilados.

Dolores Padierna y Alejandro Encinas, senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidieron –en entrevistas por separado– en que el Congreso debe impugnar esa decisión de la SCT, ya que desde la privatización de Ferrocarriles Nacionales ha habido un manejo poco claro de la información, sobre todo la relacionada con las pensiones.

La intención, coincidieron, puede ser ocultar el negocio de privatización y los fraudes de Víctor Flores contra los trabajadores, pues sigue ostentándose como su dirigente.

Encinas resaltó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es muy clara al señalar que no puede haber reserva previa de ninguna información si no hay antes la acreditación de la prueba de daño. Añadió que están incurriendo en una omisión grave y que no hay pretexto ni base legal alguna para negar la información requerida.