A casi dos meses del desalojo violento en Nochixtlán, Oaxaca, en el que perdieron la vida ocho personas y más de 200 resultaron lesionados, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado aún entrar a la localidad, reconoció ayer en el Senado el subprocurador de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal.

Explicó que un ámbito de la investigación que han identificado como prioritario es tener acceso a Nochixtlán, para estar en el lugar de los hechos, independientemente de que la PGR se está allegando los medios de prueba necesarios para saber lo que ahí ocurrió.

Insistió en que la legislación procesal y las técnicas de investigación les permiten obtener datos y medios de prueba, sin necesidad de estar en Nochixtlán, pero aun así estamos trabajando para conciliar nuestro acceso y espero que muy pronto lo estemos haciendo, junto con organismos defensores de derechos humanos.

El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR expuso que tienen decomisadas 89 armas largas y cortas que portaron los 62 policías de tres corporaciones que participaron en el operativo, pero no cuentan con ninguna arma que hubiera estado en manos de civiles.

Tampoco hay ninguna denuncia de víctimas o testigos de lo ocurrido el pasado 19 de junio, en que se dio el enfrentamiento, por lo que la PGR los invitó a rendir su testimonio y pidió el apoyo del defensor de derechos humanos de Oaxaca, a fin de que en la sede de ese organismo se reciban las denuncias y se practiquen todas las diligencias ministeriales.

Luego de una reunión con la Comisión de Seguimiento a los Hechos de Nochixtlán –que encabezó la titular de la PGR, Arely Gómez– la senadora panista Mariana Gómez del Campo y el subprocurador Higuera ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron lo acontecido en el encuentro.

Nos compartieron que ya se están realizando los estudios periciales a las armas de los seis elementos estatales que portaban cinco armas largas y seis cortas, también de los 32 elementos de la División de Gendarmería que portaban 22 armas largas y 32 cortas y de los 24 elementos de la división vial de la policía estatal, que contaban con 15 armas cortas y 9 largas, detalló la senadora Gómez del Campo.

Agregó que la procuradora Arely Gómez les dijo que antes del domingo 19 de junio –en que se dio el desalojo de los bloqueos carreteros de la CNTE– ya se tenían abiertas tres carpetas investigación y a partir del 18 de julio, en que la PGR atrajo la investigación, ha integrado 32 carpetas por los delitos de robo de uniformes, armas y equipo antimotines, ataque a las vías generales de comunicación, daño en propiedad ajena e incendio de instalaciones y vehículos oficiales, lesiones, resistencia de particulares y homicidio.

Gómez de Campo, presidenta de la comisión legislativa, dijo que un dato relevante que les proporcionó la procuradora Gómez fue la confirmación de que hubo civiles que portaban armas de fuego y que un helicóptero de la Policía Federal sufrió daños provocados por dos orificios causados por este tipo de armas y un segundo helicóptero resultó dañado por impactos de cohetones.

En la conferencia, el subprocurador Higuera Bernal, quien fue nombrado enlace de la PGR con la Comisión de Seguimiento al caso Nochixtlán, expuso que tienen referencia de que civiles dispararon, pero no tenemos aseguradas armas.

Agregó que la PGR cuidará que el trabajo pericial se haga con todas las precauciones y precisión necesarios, para determinar si desde las 89 armas de los policías que intervinieron, salieron las balas que provocaron muertos y lesionados.

Cuestionado sobre si las seis o siete organizaciones sociales a las que se investiga tienen vínculos con grupos guerrilleros o partidos políticos y si su participación fue determinante para generar la violencia desatada, Higuera Bernal respondió que no podía anticipar nada. Lo que sí les garantizamos es que la PGR lo está investigando y lo va a esclarecer.

A pregunta expresa de quién ordenó el operativo en Nochixtlán, Higuera sostuvo que fue acordado por las tres corporaciones en el ámbito estatal.