Docenas de congresistas estadounidenses pidieron este miércoles al secretario de Estado, John Kerry, priorizar la defensa de los derechos humanos en la agenda bilateral con México, expresando preocupación por las desapariciones y la lentitud de reformas judiciales.

En una carta, el congresista Alan Lowenthal y otros 68 legisladores del Partido Demócrata pidieron al jefe de la diplomacia estadunidense colocar el fortalecimiento de la ley y la defensa de los derechos humanos como prioridad de la agenda bilateral con México.

En tres páginas, los legisladores denunciaron una continuada crisis de derechos humanos en México, subrayando su perturbación por los 27 mil casos de desapariciones no resueltos desde 2007 y el lento ritmo de las reformas en las fuerzas armadas, la policía y la justicia.

La misiva fue enviada en momentos en que el Departamento de Estado está certificando si el gobierno mexicano cumple con los criterios de derechos humanos, requeridos por ley para mantener la ayuda antidrogas estadunidense.

Hace un año, el gobierno mexicano reprobó ese examen y el Departamento de Estado debió retirar 15 por ciento, unos 5 millones de dólares, de cierto financiamiento del Plan Mérida, la iniciativa contra el narcotráfico que Washington firmó con México en 2008.

La carta cita casos específicos de violaciones de los derechos humanos que permanecen sin resolución, como el de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A pesar del elevado escrutinio internacional que generó el caso de los estudiantes y la asesoría de un grupo de expertos independientes, el gobierno mexicano ha avanzado poco en procurar justicia, poniendo en duda su compromiso para defender los derechos humanos, apuntaron los congresistas.

Los legisladores también llamaron a Kerry a colaborar con México para mejorar su capacidad de registrar y buscar a personas desaparecidas, combatir la tortura e investigar a los responsables de esos crímenes.

Aunque encomiaron los pasos tomados por el gobierno mexicano para impulsar leyes de protección de derechos humanos y reformar el sistema de justicia, indicaron que esos esfuerzos no son suficientes.

Tener buenas leyes no garantiza la justicia; las autoridades mexicanas deben hacer cumplir la ley y respetar los derechos humanos, concluyeron.