Legisladores de PRI, PAN y PRD exigieron al gobierno federal no utilizar la fuerza pública en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y no ceder a las presiones de los empresarios.

El senador priísta Enrique Burgos consideró que la cúpula patronal es un grupo de interés que puede empujar al Estado a dar una solución de fuerza al conflicto magisterial, ya que es un recurso último, extremo, casi de excepción, luego del emblemático caso de Tlatelolco.

Por separado, el vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, llamó al sector empresarial a actuar con seriedad y cordura, porque su intención de no pagar impuestos es ofensiva para el resto de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Recordó a los empresarios que están en condiciones de defender sus intereses, sin violar la ley, y consideró que el gobierno federal está en situación de aportarles una explicación amplia sobre lo negociado con la CNTE.

A su vez, el senador Burgos resaltó que los empresarios y todos los afectados deben hacer un esfuerzo de solidaridad, de paciencia y también de comprensión , mientras avanza el diálogo en la Secretaría de Gobernación y se resuelve el conflicto, ya que empujar al gobierno federal a enviar a grupos policiacos a desalojar los plantones de la CNTE llevaría a una confrontación con previsibles efectos nocivos y el riesgo incluso de pérdida de vidas.

No imagino a los empresarios pensando que con eso se resolverá el conflicto magisterial, puntualizó el senador Burgos, e hizo notar que hay avances graduales en la negociación con los profesores que militan en la coordinadora.

El diputado Ramírez Marín se manifestó en contra de un programa de incentivos tributarios para los dueños de negocios afectados por las protestas de la CNTE. Esto significaría que para cada caso que hubiera un intento de infringir la ley se tuviera que adoptar un sistema especial de recaudación fiscal, manifestó.

En entrevistas por separado, lo senadores perredistas Dolores Padierna y Alejandro Encinas coincidieron en que la irrupción de la cúpula empresarial en momentos en que avanza el diálogo en Gobernación es un claro llamado a reprimir al magisterio disidente, como lo ha hecho en otros conflictos sociales.

El gobierno federal no debe prestarse a ningún chantaje y seguir en la mesa de diálogo y de entendimiento con los profesores inconformes, para buscar una solución al conflicto. Alentar el encono contra los maestros en nada va ayudar a resolver el problema; por el contrario, una salida represiva lo que haría es profundizar la crisis política, indicó Encinas.

A su vez, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks consideró que no debe darse una salida extrema al problema, como demandan algunos sectores, ya que el uso de la fuerza pública supone implicaciones muy sensibles y delicadas.