Ahorradores que fueron defraudados por Ficrea serán recibidos este mes por la ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos, a quien se le encargó revisar el amparo que solicitaron contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para determinar si es procedente y pueda ser abordado por la segunda sala o bien el pleno de la Corte.

Los ahorradores se manifestaron ayer frente al edifico central de la SCJN, en Pino Suárez y Corregidora, en el centro de la Ciudad de México, donde lograron que la ministra les conceda una audiencia para el 18 de agosto y escuche sus argumentos y acusaciones de que la CNBV tenía conocimiento desde 2010 que Ficrea estaba actuando de manera irregular, de acuerdo con las auditorías que trimestralmente le aplicaba.

Ignacio Mercado, abogado de los ahorradores, precisó que mil 200 de las casi 4 mil personas defraudas por Ficrea interpusieron el amparo y explicó que si la SCJN resuelve a favor de los firmantes, el amparo beneficiará a todos los afectados.

Desde enero de 2015 los ahorradores ingresaron una demanda de amparo en juzgados federales, pero se han estado promoviendo diversos recursos desde entonces y ahora ya estamos en la última instancia. A la SCJN ingresó la solicitud de amparo apenas desde el 9 de junio, indicó el abogado.

Mercado aclaró que el abogado Fauzi Hamdam, quien también representa a las personas defraudadas por Ficrea, lleva a cabo un proceso judicial distinto, propiamente un procedimiento de reclamación por responsabilidad del Estado y el caso está por reiniciarse porque estuvo suspendido.

En cambio, ante la SCJN se trata del amparo solicitado por los ahorradores ya que, según Ignacio Mercado, hasta hoy la máxima instancia de justicia no ha querido entrar a resolver el caso Ficrea, han buscado todas las formas y excusas para no tomar el tema y uno de los pretextos es que hay un concurso mercantil; pero es mentira que eso les impida resolver, porque lo que reclamamos no es si Ficrea tiene o no dinero para pagarnos, lo que reclamamos es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conoció desde 2010 que la firma estaba actuando de manera muy irregular.