Aunque Acción Nacional (PAN) fue uno de los principales impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción y ha sido severo con militantes de otros partidos que han incurrido en delitos, no ha actuado contra sus afiliados involucrados en escándalos de corrupción.

A la Comisión Anticorrupción del blanquiazul, que preside el ex dirigente nacional Luis Felipe Bravo Mena, han llegado denuncias y quejas contra panistas; sin embargo, dicha instancia no ha actuado en ningún caso debido al largo y complejo procedimiento legal en que se ha visto envuelta para dar certeza jurídica a sus decisiones, explicaron directivos de la fuerza política.

Ricardo Anaya anunció la creación de ese organismo días después de haber ganado la presidencia del instituto, en agosto de 2015. Un año después –hace dos semanas–, la Comisión Permanente del PAN aprobó el reglamento de dicha fiscalía, pero ésta aún no puede trabajar porque falta que el Instituto Nacional Electoral inscriba el documento en términos del artículo 36 de la Ley General de Partidos Políticos.

José Luis Luege, ex dirigente del PAN en la Ciudad de México, reconoció que el partido se ha visto lento en el combate a la corrupción interna. Como panista dijo percibir muy lejos la operación de la fiscalía interna. He estado exigiendo que el partido sea ejemplar en esta lucha y veo muy mal que no se ha actuado con celeridad, subrayó.

Añadió que después de un año se aprobó el reglamento interno y ahora ya no hay excusa. Se tiene que trabajar con rapidez, porque hay casos muy lamentables que no se han castigado, enfatizó.

Entre los escándalos de corrupción se encuentran los del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el del próximo ejecutivo estatal de Aguascalientes, Martín Orozco, a quien se ha acusado de ejercicio indebido de servicio público, tráfico de influencias y robo de un terreno propiedad del municipio cuando fue alcalde de la capital. También se ha denunciado que falseó información en sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, pues no informó la posesión del predio de su empresa Fruideo ni uno de su esposa.

Cecilia Romero, ex presidenta del PAN, explicó que las acusaciones contra Padrés y Orozco siguen un proceso judicial.

Aceptó que la puesta en marcha de la comisión interna anticorrupción se ha tardado porque fue creada con todas las de la ley. Nosotros sí lo hacemos en serio y no nada más con fines mediáticos, subrayó en alusión al Revolucionario Institucional (PRI), en el que se ha pedido la expulsión de los gobernadores salientes de Veracruz, Javier Duarte; Chihuahua, César Duarte, y Quintana Roo, Roberto Borge.

La diputada federal explicó que otras instancias internas del blanquiazul, como la Comisión de Orden, no han actuado contra Padrés ni Orozco porque no han recibido denuncias y no puede trabajar de oficio, cosa que sí podrá hacer la fiscalía.