El mecanismo de seguimiento al caso Iguala, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es un esquema de transparencia interna y externa para tener una investigación que muestre la verdad de lo ocurrido en septiembre de 2014, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián.

Hasta el momento hay casi 130 personas que están siendo juzgadas por su posible responsabilidad en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando policías municipales (de Iguala y Cocula, Guerrero) interceptaron a 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y los entregaron a un grupo criminal.

La Procuraduría General de la República (PGR), agregó, fue parte fundamental en la definición de este mecanismo, que reforzará el trabajo de la procuradora, Arely Gómez, con los padres de los estudiantes desaparecidos.

Sólo la PGR, puntualizó, puede indicar el estado que guarda la indagatoria y cuándo ofrecerá resultados concretos.

El viernes pasado la CIDH aprobó el mecanismo especial de seguimiento a las medidas cautelares relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Dicho mecanismo estará integrado por dos especialistas, denominados asesores técnicos especiales de la secretaría ejecutiva de la CIDH, así como por el relator James Cavallaro u otro comisionado que designe el organismo internacional.

El subsecretario Campa dijo que este esquema cuenta con la venia de los padres de los estudiantes y sus representantes.

Los asesores técnicos especiales, explicó, tendrán acceso pleno al expediente, así como a otras fuentes.

No obstante, subrayó el funcionario, es un asunto distinto al trabajo de asesoría que brindaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes colaboraron con el Estado mexicano en esta investigación.

El relator, cabeza del mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares, visitará tres o cuatro veces México.

El gobierno mexicano demuestra una vez más su compromiso con el escrutinio internacional, y lo hace no solamente por las obligaciones que como Estado miembro tiene, sino sobre todo lo hace porque esta es la exigencia y la petición de los padres, indicó Campa Cifrián en entrevista.

Las medidas cautelares vigentes se refieren básicamente a tres aspectos: atención a afectados (heridos y víctimas en general), búsqueda de los jóvenes e investigación de los hechos.

Lo que se busca es acreditar que es una investigación transparente, que hay un esfuerzo de búsqueda permanente y que el Estado mexicano está absolutamente comprometido con la atención integral de las víctimas, concluyó.