Los padres de los normalistas desaparecidos, junto con los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Tlachinollan, Serapaz y Fundar, aseguraron que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de aprobar un mecanismo especial de seguimiento para continuar con las labores de investigación y conocer el paradero de los estudiantes es una innegable confirmación de que la justicia y la verdad en el caso aún están pendientes.

Afirmaron que las características del mecanismo “pueden hacer que éste sea una importante garantía para el esclarecimiento pleno del paradero de los estudiantes.

Sobre todo, considerando que a lo largo del proceso se ha verificado que, dada la complejidad del caso, sólo la supervisión internacional podrá asegurar que se indague a fondo y se revierta el sesgo que se introdujo en la investigación.

En tanto, las diputadas Guadalupe Murguía, del PAN, y Araceli Damián, de Morena, integrantes de la Comisión Especial de Ayotzinapa, se pronunciaron por que Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, deje el cargo.

Por lo menos mientras se lleva la investigación y se determinan las conclusiones, apuntó Murguía, presidenta de la comisión, quien sostuvo que ve con optimismo la concreción del mecanismo.

A su vez, la diputada Damián señaló que este procedimiento compromete al Estado mexicano a seguir las investigaciones y también consideró necesaria la renuncia de Zerón de Lucio.

Para los padres de los normalistas y las agrupaciones no gubernamentales que los acompañan, las menciones de la CIDH sobre el deficiente trabajo pericial (en el caso) muestran que la investigación debe dejar de centrarse en la hipótesis del basurero de Cocula y abarcar los aspectos señalados por la propia comisión sobre delincuencia trasnacional y uso de tecnología para evitar el empleo de la tortura.

Resaltaron que la afirmación de la CIDH sobre la falta de resultados concretos da la razón a la lucha que por más de un año y 10 meses han mantenido las familias.

Instaron al Estado mexicano a acatar la resolución y facilitar el inicio inmediato de las labores del procedimiento.

El acuerdo abre la puerta para que, siguiendo en la ruta marcada por las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se alcance la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa. Esa es hoy la esperanza de las familias, subrayaron.

Acotaron que en la reunión sostenida en Washington DC, la CIDH fue enfática en señalar que las actividades pactadas en el convenio no podrán interpretarse como limitativas de otras competencias que le otorga la Convención Americana de Derechos Humanos.