La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó ayer el mecanismo especial de seguimiento a las medidas cautelares relacionadas con la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Dará continuidad a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El mecanismo estará integrado por un mínimo de dos asesores técnicos especiales de la secretaría ejecutiva y el relator de país, el comisionado estadunidense James Cavallaro y/u otro comisionado designado por la CIDH.

Debido a la amplitud del expediente, los asesores técnicos especiales realizarán labores de recopilación de información y documentación sobre el caso, y en coordinación con el Estado podrán realizar visitas a México con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios para su labor.

También tendrán acceso pleno a la información necesaria, de acuerdo con la normativa mexicana vigente y los estándares internacionales aplicables, con base en los principios de interpretación establecidos en el artículo 1 constitucional.

En tanto, el relator de país y/u otro comisionado de la CIDH realizará tres visitas a México y podrá efectuar una cuarta, en consulta con el Estado, para dar seguimiento a las medidas cautelares que ayer ratificó la comisión.

El acuerdo fue aprobado en Washington DC, con la presencia de representantes del gobierno mexicano y de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, entre señalamientos al Estado porque aún no se conoce el paradero o destino de los estudiantes.

La CIDH pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que redoble esfuerzos para implementar todas las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de los jóvenes.

El organismo asentó que toma nota de que los informes del GIEI sugieren que no se estaría tomando en consideración la implementación de todas las medidas relacionadas con la investigación de un posible quinto autobús y su implicación con el presente asunto.

Tampoco se habrían tomado las declaraciones testimoniales pendientes, entre las que se encuentran las entrevistas con los integrantes del 27 batallón del Ejército; existirían supuestos obstáculos relacionados con alegados casos de torturas y aquellos temas relacionados con presunta obstrucción de la justicia.

Además, existirían serios desafíos en la implementación de pruebas científicas y periciales, entre otros temas relacionados.

El mecanismo de seguimiento –adoptado en los términos propuestos de manera conjunta por la administración federal mexicana y familiares de las víctimas– tendrá como propósito dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas en 2014, y en ese marco a las recomendaciones del GIEI, formuladas en sus dos informes.

Quedó asentado que en caso de desacuerdo sobre el alcance o la interpretación de los objetivos del presente convenio, la comisión estará a cargo de su interpretación.

El jueves, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, expresó la expectativa de que los asesores del mecanismo especial de seguimiento no sean los que formaron parte del GIEI. Ellos cumplieron su labor y entregaron recomendaciones muy útiles. Estamos en otra etapa, dijo.

Conforme al artículo 25 de la CIDH, se otorgaron las medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los estudiantes desaparecidos y heridos en los hechos ocurridos en Iguala, por tratarse de una situación grave y urgente, para prevenir un daño irreparable a las personas.