e acuerdo con el Informe de seguridad empresarial en México: retos y tendencias 2015-2016, las empresas que operan en nuestro país perciben la corrupción de las autoridades como la principal amenaza externa a sus operaciones, incluso por encima de graves fenómenos delictivos. El estudio, realizado a partir de una encuesta aplicada a 330 firmas nacionales y extranjeras por la Cámara Americana de Comercio (AmCham) a principios de año, encontró que 50 por ciento de los participantes consideran esta práctica como de alto riesgo para sus actividades. Ayer el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, Jesús Padilla, ratificó la postura de los líderes de negocios al enfatizar el impacto de la corrupción gubernamental en materia de competitividad y crecimiento económico.

n Chihuahua la violencia fue atacada, en cierto sentido contenida, pero no liquidada. Los años del horror 2008-2012, con su cauda de más de 18 mil homicidios dolosos, uno de cada cinco en el país, se han superado, es verdad. Esa es la bandera que enarbola el gobernador Duarte al término de su agonizante sexenio. Pero los datos, y más que nada, las vivencias de la gente en muchas partes del estado contradicen buena parte del optimismo oficial.

a revolución que triunfó en Nicaragua en 1979 fue la última del siglo XX en América Latina. Y fue, también, una revolución corta, de apenas una década, que tuvo la singularidad de terminar en 1990 con unas elecciones que sacaron al Frente Sandinista del poder conquistado con las armas.

os dos recortes al gasto público que el secretario de Hacienda ha anunciado incluyen a las instituciones de salud. Esto resulta inquietante, en primer lugar, porque ocurren en medio de extensas movilizaciones de los trabajadores de salud causadas por la falta de los insumos necesarios en los servicios y por la situación laboral irregular de una parte del personal. Adicionalmente, estos recortes son a todas luces ilegales, porque las aportaciones federales tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) como al Seguro Popular (SP) están fijadas en la legislación respectiva. Cabe preguntar entonces si el secretario de Hacienda puede ignorar las leyes federales.