Organizaciones de derechos humanos aplaudieron la reciente propuesta del comité presupuestal del Senado de Estados Unidos para retener 25 por ciento de los fondos de asistencia militar a México, hasta que el gobierno investigue y procese en juzgados civiles las violaciones a las garantías básicas ocurridas en Tlatlaya y Ayotzinapa.

En su reporte sobre el proyecto de ley S3117, que entraría en vigor en octubre próximo, al comienzo del año fiscal estadunidense, dicho comité expresa su preocupación por las desapariciones y otros crímenes en los que están implicadas las fuerzas de seguridad.

En el mismo documento se insta a realizar una investigación confiable sobre las ejecuciones en Tlatlaya y reforzar la prohibición de la tortura y el uso de testimonios obtenidos bajo esa práctica, así como a buscar personas desaparecidas.

De igual forma, investigar y sancionar a responsables y cooperar con recomendaciones del Grupo Interdisciplinario del Expertos Independientes.

Al planteamiento de retener 25 por ciento de recursos contemplados en la Iniciativa Mérida –mecanismo bilateral, creado en 2008 para combatir el tráfico de drogas de México a Estados Unidos y desmantelar a las organizaciones del crimen organizado– se sumaría la reducción de 15 por ciento, presentada a comienzos de año por el presidente Barack Obama.

Es decir, a los 80 millones de dólares que ya se presupuestaban se disminuiría una cuarta parte más. En el ejercicio fiscal 2014, esa ayuda fue de 148 millones de pesos.

La posición del Centro Pro

En el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro fue aplaudida la medida del comité estadunidense. Es una acción que podría presionar al Estado mexicano para avanzar en las investigaciones y mejorar el acceso a la justicia, ante las graves violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, desde hace un año organizaciones internacionales y nacionales, como Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy exigieron al gobierno de Estados Unidos suspender el envío de ayuda al Ejército Mexicano, previsto en la Iniciativa Mérida.

A la luz de la información disponible creemos que es esencial que el gobierno estadunidense no proporcione asistencia a las fuerzas armadas de México a través de la Iniciativa Mérida, ya que ello refuerza y sostiene el papel inapropiado y abiertamente peligroso de las fuerzas armadas, señalaron en ese entonces dichas organizaciones y grupos civiles en una carta enviada a Obama.

Desde su creación, por conducto de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos ha destinado poco más de 2 mil 300 millones, dinero que ha sido utilizado esencialmente en capacitación y compra de equipos tecnológico y de transporte para el combate al crimen organizado.

Aunque a dicho planteamiento todavía le falta recorrer camino para convertirse en ley, se ha expresado la preocupación por la situación de las garantías básicas en México.