De continuar la tendencia, México terminará 2016 en primer lugar en número de denuncias por violaciones a garantías básicas cometidas en el país, al enfrenar al menos 590 peticiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigue casos de transgresiones a debido proceso, tortura, desapariciones forzadas, denegación de la justicia y exceso en el uso de la prisión preventiva.

Según funcionarios de la CIDH consultados por La Jornada, México se encamina a ocupar, por tercer año consecutivo, el primer lugar en ese sitio, luego de que en 2014 fueron presentadas 500 y el año pasado 565.

El segundo lugar lo ocupa Colombia (396), el tercero Perú (165) y el cuarto Argentina (124). Las demás naciones, menos de 110.

En lo que va del año, la CIDH ha concedido seis medidas cautelares solicitadas para México (mecanismos de protección para evitar daños irreparables a las personas que denuncian).

En las estadísticas comparativas que elabora la CIHD destacan los casos enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Surinam.

En los pasados 10 años la CIDH ha concedido 58 medidas cautelares para México y ha enviado a la Corte Interamericana seis casos sobre violaciones a garantías básicas cometidas en el país.

Durante el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto ocurrieron dos hechos de transgresiones graves a derechos humanos, que han repercutido internacionalmente: el caso Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. En ambos, la CIDH dictó medidas cautelares para evitar que las víctimas enfrentaran daños irreparables.

El 3 de octubre de 2014 la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. En la recomendación se instruye al Estado mexicano a adoptar las acciones necesarias para determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.

Otro caso es el de Clara Gómez González, quien se encuentra en riesgo por ser testigo y sobreviviente del asesinato, a manos de militares, de 22 personas, ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega del municipio de Tlatlaya, estado de México.

La CIDH es el órgano encargado de realizar las investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos y de seleccionar los casos que son juzgados por la Corte Interamericana.