El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados pidió al gobierno federal crear un protocolo especial de seguridad, incluso militar, para resguardar a los alcaldes que están bajo amenazas y agresiones, luego de que el edil perredista de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, fue ejecutado.

Ya se demostró que son insuficientes las medidas para proteger a quienes no quieren ser parte de la corrupción ni tener alianzas con el crimen organizado, dijo el coordinador perredista, Francisco Martínez Neri.

En tanto, la líder del PRD, Alejandra Barrales, informó que durante esta semana tiene el compromiso de reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de tomar las medidas necesarias en materia de seguridad, y solicitar el establecimiento de un protocolo que evite el asesinato de más ediles en distintas entidades del país. Nos interesa que se investigue, se deslinden responsabilidades y se identifique a los responsables, pero también que se tomen medidas para el resto de los presidentes municipales que son los que se están viendo amenazados, aseguró Barrales.

Ambos dirigentes, por separado, señalaron que Soto Duarte tenía medidas cautelares por atreverse a hacer las denuncias y en días recientes había acusado que el operativo de seguridad había abandonado la región Tierra Caliente, para ser trasladado a otras zonas del país, principalmente donde había manifestaciones magisteriales.

No queremos que se resuelva y se reaccione poniendo escoltas a las autoridades, queremos garantías, dijo la presidente nacional del PRD, Alejandra Barrales, quien junto con Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, reprobó las afirmaciones del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, de responsabilizar de la muerte al propio alcalde por circular por lugares y horarios que no son seguros.

Por su parte, el dirigente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, hizo un llamado a no politizar los asesinatos de los alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas, y Pungarabato, Guerrero, y pidió a las autoridades estatales y federales priorizar el esclarecimiento de estos crímenes, para evitar que queden en la impunidad.

Con datos de la Asociación Nacional de Alcaldes, recordó que de 2003 a la fecha han sido asesinados 47 presidentes municipales electos y en funciones.

La cifra llega a los 79 con los ex ediles que han perdido la vida, la mayoría de ellos a causa del crimen organizado.

Enrique Ochoa, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó en el Senado que la violencia no tiene espacio en la política en México, en referencia a los asesinatos de los dos alcaldes, ocurridos el pasado el fin de semana. Tenemos que ser muy exigentes en que el diálogo es el único mecanismo que deben tener las democracias, apuntó.

En ese sentido, señaló Ochoa Reza, “le pedí al senador Roberto Albores, de Chiapas, que se trasladara al lugar de los hechos y participara –el fin de semana– en una mesa de diálogo abierta con las instituciones del estado e integrantes de la sociedad civil”.