El Sistema de Transporte Público Metrobús rechazó que la empresa Corredor Oriente Poniente (Copsa), una de las cinco que proporcionan servicio en la línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya, esté en quiebra, aunque socios reiteraron que enfrenta pasivos por 54.7 millones de pesos.

Mediante un comunicado de prensa explicó que dicha sociedad mercantil atiende puntualmente sus compromisos crediticios con las financieras Mifel y Daimler, y el organismo está al corriente en los pagos.

La prestación de un servicio eficaz y seguro a los usuarios está garantizado, pues el problema que tiene deriva de un conflicto interno entre un grupo de socios, por lo que junto con la Secretaría de Movilidad (Semovi) se ha intervenido en diversas ocasiones para mediar.

Ambas instancias hicieron un llamado a los grupos antagónicos para alcanzar un acuerdo y ofrecieron coadyuvar en el proceso de solución.

Los socios, por su parte, aclararon que no hay presunción de quiebra, porque existe, lo cual se demuestra en una copia certificada de la asamblea de 2014 sacada del juzgado, donde el total de pasivos para el cierre del año era de 44 millones 57 pesos. Monto que aumentó el año pasado a 54 millones 751 mil pesos.

Dichos pasivos bancarios son por la compra de nueve autobuses, con valor unitario de 6 millones de pesos, que no han sido pagados y algunos se adquirieron fuera del fideicomiso, situación que no sabemos si es legal, pero fue permitido por el órgano que regula la empresa, Metrobús, señalaron.

Insisten socios en auditoría

En el documento, donde el corredor público 81, José Ramón Clark Guzmán, da fe de lo ocurrido en esa asamblea, se informa que de la actual situación financiera de la sociedad, se aprecia que la misma no generó utilidades para ser distribuidas entre los trabajadores y accionistas.

Sin embargo, nadie objetó el adeudo, lo cual es una situación anómala porque mucha de la gente que firmó no asistió o ya falleció, por lo que la lista de asistencia está controvertida en los juzgados, informaron los socios, quienes reiteraron a las autoridades capitalinas realizar una auditoría fiscal y administrativa y se hagan públicos los resultados, con la finalidad de saber quién miente.