Al Instituto Nacional Electoral (INE) le costó 92 millones de pesos (33 por ciento) más caro elaborar y operar el sistema de fiscalización en línea por su cuenta que si lo hubiera hecho una empresa privada.

En 2014 celebró un contrato con la trasnacional Scytl por un monto de 61 millones de pesos para que se encargara de dicho proceso, pero se rescindió el convenio debido a que la firma incumplió con las fechas de entrega.

Por ese motivo, el instituto desarrolló su propio sistema con apoyo de la UNAM, pero al final costó 50 millones de pesos en 2015 y 42 millones en 2016, informaron ayer los integrantes de dicha comisión en conferencia de prensa donde presentaron el módulo de transparencia.

Ese dinero sirvió para contratar programadores y servidores, contar con infraestructura adecuada y garantizar la conectividad para que 8 mil 271 candidatos suministraran información, como facturas, contratos, evidencias del gasto y operaciones bancarias.

Según los consejeros, la ventaja consiste en que no pagaron ni licencias ni regalías a ninguna empresa privada, y todo eso es patrimonio público.

El contrato con Scytl, que puede consultarse en la página de Internet del INE, fue por 61 millones 34 mil 402 pesos, que se pagarían en tres años, e incluía poner en marcha los módulos de contabilidad, fiscalización y transparencia.

Este último comenzó a operar con un año de retraso por los problemas con la mencionada empresa y se puede consultar desde este lunes. Reúne la información recabada por el instituto sobre los ingresos y gastos de las campañas electorales en 14 entidades del país durante este año.

Suman 54 impugnaciones

En tanto, las multas por 424 millones de pesos impuestas a los partidos políticos y candidatos por irregularidades detectadas en los informes de ingresos y gastos de las pasadas campañas electorales provocaron una oleada de impugnaciones, que suman 54.

Desde la perspectiva de los consejeros, esta cifra muestra que no fue una fiscalización cómoda, sobre todo porque se penalizaron 123 mil operaciones hechas por partidos y candidatos de manera extemporánea. También rechazaron otra vez haber detectado ingresos ilegales a las campañas electorales de todos los estados, incluido Tamaulipas.

Benito Nacif, integrante de la comisión, aclaró que el sistema de fiscalización fue diseñado para garantizar la equidad en la contienda, no para detectar flujos financieros del crimen organizado, lo que es una tarea policiaca.