lgo más que perdón debe pedir Enrique Peña Nieto, y junto a él su gabinetazo, sus antecesores en Los Pinos, los gobernadores y, en fin, la clase político-empresarial en su conjunto. Y de allí para abajo, porque ni el más generoso de los perdones que los pasivos mexicanos le concedieran alcanzaría para cubrir mínimamente los sonadísimos casos de corrupción en el presente sexenio, y en este contexto el de la Casa Blanca o el de Malinalco si bien son los más sonados, ni de lejos son los únicos.

Ayer, en Palacio Nacional, día de promulgación de las deslactosadas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se congregó buena parte de la selecta clase política nacional (¿cuántos de los allí reunidos pasarían la prueba?) que escuchó decir a EPN: “en noviembre de 2014 la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación… No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente, por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio Presidente de la República”.

Pero si, como asegura, se condujo conforme a la ley, ¿por qué pedir perdón? Antes de iniciar el pomposo acto en Palacio Nacional se conoció la renuncia de Virgilio Andrade, hasta ayer secretario de la Función Pública, institución que fue desahuciada desde el comienzo mismo de la administración peñanietista, pero temporalmente rehabilitada para que el susodicho exonerara al inquilino de Los Pinos (por la casa de Ixtapan), a Luis Videgaray (por la de Malinalco, aunque este ni perdón pide) y a Angélica Rivera (por la Casa Blanca).

Y tras su científica exoneración (no hay conflicto de intereses) no se supo más de él por la simple razón de que ya no era necesario. Por ello en la residencia oficial le dieron una palmadita en la espalda y lo mandaron a paseo y a la Secretaría de la Función Pública a la misma tumba de inicios de sexenio.

México, pues, cuenta ya con su Sistema Nacional Anticorrupción, promovido y aprobado por el grupo que acumula más de tres décadas en el poder, cuyos integrantes ni por casualidad traspasarían la primera esclusa de la nueva ley, con todo y la deslactosada que le dieron. Como diría el clásico, los acusan de ladrones, no de pendejos, y por lo mismo saben que ninguna ley es retroactiva, de tal suerte que no tienen que dar cuentas por cochupos, transas, moches y conexos anteriores al 18 de julio de 2016.

Desde que la tecnocracia se instaló en Los Pinos, con Miguel de la Madrid (renovación moral de la sociedad), el tema del combate a la corrupción ha sido más que recurrente… en el discurso, porque en los hechos los gobiernos y sus amigos empresarios lejos de luchar en contra de ella la han acicateado, aunque –eso sí– entre los puros cuates para que el pastel alcance mejor.

Del tricolor todo el mundo lo sabe, es su esencia, pero ¿qué fue de aquellos partidos políticos que históricamente y desde la oposición promovieron un gobierno limpio, transparente, rendidor de cuentas y respetuoso del sentir ciudadano? Pues nada, que les dieron su cuota de poder y sus colores azules, blancos, negros y amarillos de inmediato adquirieron tonalidades priístas, y sus prácticas también. Se subieron al carro de la corrupción, el aceite del sistema, y lo han hecho de maravilla, en ocasiones mejor que la fórmula original. Ahora toda la clase político-empresarial viaja en el mismo vehículo.

La información y el seguimiento están disponibles a partir de 1995, por lo que los resultados de los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari no pueden cuantificarse con la metodología utilizada por el organismo Transparencia Internacional, pero sí a partir de la administración zedillista.

Así, cuando el del bienestar de la familia llegó a Los Pinos, en materia de corrupción México se ubicaba en el escalón número 32 entre 38 naciones analizadas, de acuerdo con el citado organismo. La corrupción a la mexicana era similar a la que en ese año se registró en Colombia e Italia.

Cuando dicho personaje se vio en la penosa necesidad de abandonar la residencia oficial, la eficiencia en su combate a la corrupción se tradujo en que al cierre del año 2000 México había caído al escalón número 59 (mientras más alejado del primer peldaño, más corrupción) entre 90 naciones consideradas. En ese entonces la corrupción de nuestro país era similar a la imperante en Zambia y Colombia.

Llegó el momento del remplazo en Los Pinos y la sorpresa fue el fin (temporal) de la estancia tricolor en la residencia oficial. Vicente Fox se alzó con el triunfo electoral y entre sus promesas de campaña destacaron las relativas al combate a la corrupción. Recibió el país (siempre de acuerdo con la clasificación de Transparencia Internacional) en el escalón número 59 y su logro fue desplomarlo hasta el peldaño número 70 (entre India y Perú) de las 163 naciones consideradas en la medición. Claro está que la familia Bribiesca Sahagún, la del propio mandatario, sus amigos y el partido albiazul ningunearon ese resultado.

Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, se instaló en la residencia oficial y, obvio es, prometió combatir la corrupción, pero el resultado concreto (algo similar ha sucedido con el combate a la pobreza) con este personaje fue exactamente el contrario: México bajó del escalón número 70 (heredado por Fox) al peldaño 105 de 174 posibles (una caída de 35 posiciones en el ranking internacional), entre Mali y Filipinas. Recuérdese que mientras más alejado del número uno es mayor la corrupción.

Nada más instalarse en la residencia oficial, el primer logro de Enrique Peña Nieto (2013) fue descender un peldaño adicional, al 106 entre 177 naciones consideradas. Ese año la corrupción mexicana se africanizó (o al revés), porque se ubicó entre la reportada en Gabón y Níger.

Para 2014 aparentemente mejoró el perfil, pues la corrupción en México ocupó el peldaño número 103, pero con 174 naciones consideradas. De tal suerte que en los hechos nada cambió. Y lo mismo en 2015 (la más reciente de las mediciones): el país ocupó el escalón número 95, pero con 167 naciones. Y de cereza, en materia de corrupción la OCDE concede a México el escalón número 34… de 34 posibles.

Más de dos décadas y cada día peor. Pero tranquilos, que ya pidió perdón y, además, le aplaudieron.

Las rebanadas del pastel

¿Ustedes les creen? Yo tampoco.

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