Los contribuyentes de la Ciudad de México pagarán este año 95 mil millones de pesos de impuestos locales, más que cualquier otra entidad federativa del país y casi siete veces respecto de la gente de Nuevo León, y al parecer se pretende aumentar el predial a determinados sectores, señaló Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyentes (Prodecon).

Comentó que además, con el pretexto de un denominado pacto fiscal, se pretende obtener mayores recursos de la Federación, que este año sumarán 82 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta que ante la crisis petrolera, la mayor parte de esos recursos salen del bolsillo de los contribuyentes.

Ellos, dijo, requieren de un defensor, un ombudsman fiscal, por lo que sería un error no incorporar al proyecto de constitución de la Ciudad de México los derechos de los pagadores de impuestos, lo cual se planteó a la comisión redactora, así como la inclusión del derecho a la transparencia y la rendición de cuentas, y el derecho a la presunción de buena fe e inocencia, sin éxito.

Consideró que no incluirlos podría llevarnos a tener una carta magna coja, por lo que pediría, como defensora de los contribuyentes, no hagamos una constitución aspiracional. No pongamos, con todo respeto, que todos los maridos y todas las mujeres tendrán derecho a que su pareja le sea fiel.

En conferencia de prensa, informó que numerosas personas han solicitado el apoyo de la Prodecon en quejas relacionadas con el impuesto predial, sin poder hacerlo, porque es un impuesto local, el cual aumenta de manera importante cada año, lo cual no ocurre en otras entidades federativas.

Comentó que el dueño de un inmueble con valor catastral aproximado de 2 millones 200 mil pesos paga en la ciudad de México un impuesto anual de 16 mil 56 pesos, casi cuatro veces más de lo que se cobra en Monterrey, con 4 mil 400; mientras quienes adquieren una vivienda deben cubrir el impuesto sobre adquisición de inmuebles y la inscripción al registro público, lo cual resulta carísimo.

La capital es la entidad que tiene el segundo presupuesto más alto del país y pocas zonas de alta marginación, por lo cual la propuesta de crear una renta mínima para los desempleados con recursos fiscales resulta absurda y es un atentado en contra de quienes trabajan y pagan impuestos, consideró.