El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, informó que se tienen 40 casos de desarrollos inmobiliarios irregulares, por los que se han promovido 27 juicios de lesividad y 20 custodias de folio para evitar su escrituración y comercialización, mientras terminan los procesos judiciales que determinarán si son sujetos de demolición.

En el acto de reinstalación de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos aclaró que la dependencia no tiene facultades para demoler, pues no está precisado en el reglamento de construcciones, pero una vez agotados los procesos, se determinará quién es el responsable.

El dueño de la obra puede hacerlo o la autoridad, fincándole un crédito fiscal. Reconoció que aunque este problema está focalizado en algunos puntos de la ciudad, no es generalizado, y la denuncia vecinal ha permitido detectar estos casos, lo cual se corrobora con verificaciones.

Comentó que en los casos donde se ha detectado algún error en la expedición de un certificado se procede a un juicio de nulidad para que sea el tribunal el que lo deje sin efecto, y si procede, fincar responsabilidades; a la fecha existen 27 casos.

La custodia de folios por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, algunos de ellos a solicitud de la Seduvi, ha funcionado como garantía para evitar su escrituración y avanzar en la comercialización de los inmuebles, pues en caso de que la autoridad judicial determine que debe demolerse, se hará, advirtió.

Por otra parte, informó que en los 30 años anteriores emigraron un millón y medio de personas, de las cuales en el pasado lustro salieron 400 mil, tres cuartas partes al estado de México y el resto a Hidalgo y Veracruz, que se han convertido en zonas dormitorio, porque la gente sigue viniendo aquí a trabajar y a estudiar.

El costo de la vivienda, en promedio 900 mil pesos, ha impulsado esta expulsión, así como la poca producción de casas de interés social y popular. Por ello es importante trabajar de la mano con las dos primeras entidades en un proyecto que atienda las necesidades de 21 millones de personas e incluya proyectos de movilidad, agua, desarrollo económico y salud, entre otros temas.