La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Tlatlaya, en el que 22 civiles fueron muertos a manos de militares, permanece en un cumplimiento parcial por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del estado de México.

En un breve informe de apenas siete puntos sobre el estado que guarda la recomendación emitida el 21 de octubre de 2014, no se presentan mayores cuestionamientos y se limitan a exhortar a las tres autoridades a continuar las investigaciones y determinar las probables responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos.

Así, en este informe, justo a dos años de los hechos ocurridos en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, municipio mexiquense en los límites con el estado de Guerrero, el organismo nacional considera prioritaria la reparación integral del daño a las víctimas, por lo cual se ha dado continuidad a la inscripción de los afectados directos e indirectos ante el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la ley.

Hay que recordar que en su recomendación sobre el caso, la CNDH sostiene que fueron ejecutadas arbitrariamente entre 12 y 15 personas de las 22 que murieron en la bodega. Sin embargo, en los meses recientes, los ocho militares detenidos por esos hechos han sido liberados por una orden judicial, bajo el alegato de que no se pudo comprobar su participación.

Pero hoy la CNDH señala también que la Sedena atendió la medida cautelar emitida el 6 de julio de 2015, de utilizar un lenguaje que no se preste a confusiones o ambigüedades en las órdenes, directrices o instrucciones giradas a los militares.

Esto, luego de que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentara unos días antes de esa fecha, copia de la orden de mando recibida por los militares que la madrugada de ese 30 de junio realizaba acciones de vigilancia en Tlatlaya y municipios aledaños, y que decía textualmente: abatir delincuentes en horas de oscuridad.

Por otra parte, destacó que ha reiterado a la Procuraduría General de la República (PGR) que incorpore las evidencias, consideraciones y observaciones contenidas en la recomendación 51/2014, y la documentación que la soporta, así como los procesos del estado de México por tortura relacionados con este caso.