En abril de 2013 el ciudadano estadunidense Ronald James Wooden fue detenido y torturado por policías municipales de Taxco, Guerrero –coludidos con el crimen organizado–, por no pagar el derecho de piso en su actividad como artesano.

Pese a que la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero comprobó la agresión y el asunto se hizo del conocimiento de autoridades federales y de la embajada estadunidense, el caso continúa en la impunidad, pese a la complicidad de policías municipales con presuntos integrantes del cártel Guerreros unidos, advirtió la asociación civil Idheas.

Este grupo no gubernamental llevará el caso ante el Comité contra la Tortura, de la Organización de las Naciones Unidas, ante la ausencia de justicia interna, dijo. Afirma además que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha negado apoyo a Wooden y su familia.

“Por instrucciones de su vecino, el ex judicial Raúl Flores Arizmendi, los policías del ayuntamiento, en compañía de dos sicarios, se llevaron a Wooden haciéndole saber que eran integrantes del cártel Guerreros unidos y los dueños de la calle. Dentro de la comandancia de policía fue brutalmente golpeado y torturado por casi cuatro horas.

Le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que lo regresarían en pedazos a su país. Ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Wooden denunció a los policías municipales por tortura, y a sus vecinos como secuestradores e integrantes de la delincuencia organizada. Desde ese momento, James y su familia han tenido que huir a diversos lugares del país, señaló la asociación Idheas en un reporte para la prensa.

Wooden y su esposa, añade la organización, son sólo unas de las miles de víctimas de tortura y desplazamiento forzado en México, quienes después de estos terribles hechos perdieron todo su patrimonio y a quienes instituciones como la CEAV les han negado el apoyo para rehacer su proyecto de vida.