No se observa en el gobierno mexicano voluntad política real de investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura contra las mujeres que son detendidas por agentes policiacos e integrantes de las fuerzas armadas, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).

En la presentación del informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, advirtió que la inacción gubernamental para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos sólo alienta la impunidad. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto, dijo.

Además, señaló que este informe no sólo confirma que la tortura es una práctica generalizada en el país, como lo han expresado diversos organismos internacionales de derechos humanos, sino también revela las atrocidades y violencia sexual cometidas contra las mujeres detenidas, que resultan inimaginables en una democracia.

En el reporte presentado ayer por AI, resultado de ocho meses de investigación, da cuenta de los casos de 10 mujeres recluidas en penales federales, y la forma en que ocurrieron sus detenciones e interrogatorios realizados por los agentes de los cuerpos policiacos, incluidos los elementos del Ejército y la Marina.

Concluye que la violencia sexual es el método preferido por policías y militares en el arresto de mujeres. De los 100 casos investigados, más de 50 por ciento de las víctimas afirmaron haber sido violadas.

Guevara-Rosas cuestionó la muy poca tolerancia que ha mostrado el gobierno mexicano ante las críticas constructivas en esta materia, pues ha respondido con descalificaciones y una negación total de la situación que vive el país, a la que identificó como una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio.

No es posible sostener que se trata de casos aislados o que los elementos (policiacos o militares) que recurren a la tortura son sólo algunas manzanas podridas, cuando estos testimonios de mujeres nos dice que se trata de una práctica generalizada, afirmó la directiva de AI, quien indicó que desde el lunes pasado se hizo entrega del reporte a diversas dependencias y funcionarios del gobierno federal.

Sin embargo, criticó que desde hace años el discurso oficial sea el mismo, de un compromiso declarativo por abordar el tema, pero que no se traduce en los hechos.

Por su parte, Madeleine Penman, coordinadora del informe, explicó su contenido y se refirió a la impunidad alarmante para investigar y sancionar estos hechos, donde existe un encubrimiento en todos los niveles.

Dijo también que hay reportes gubernamentales que dan cuenta de un enorme gasto de capacitación de miles de elementos policiacos y militares en el tema de derechos humanos, pero que parece no haber cambio alguno en su comportamiento.

También se refirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que tiene un enorme presupuesto –más de mil 500 millones de pesos para 2016–, pero cuyo papel es cuestionado por su eficacia.

Lamentó que la CNDH haya recibido más de 7 mil denuncias de tortura u otros malos tratos entre 2010 y 2015, y en ese mismo lapso sólo emitió 62 recomendaciones por este rubro. Además, no suele entregar a las víctimas una copia de su expediente ni asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.