El titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (Paot), Miguel Ángel Cancino, informó que los largos procesos de litigio y la corrupción delegacional han impedido la demolición de 10 inmuebles que carecen de uso de suelo y autorizaciones, y violan la Ley de Desarrollo Urbano.

El caso de Lapislázuli 39, en la colonia Estrella, en Gustavo A. Madero, es un asunto flagrante donde no se ha procedido a la demolición, cuando no hay permisos, autorizaciones ni uso de suelo, y existen problemas estructurales y de riesgo que llevaron a presentar una denuncia ante la instancia capitalina.

Una situación similar se presenta en la calle Fernando Montes de Oca, en la colonia Condesa, de la delegación Cuauhtémoc, donde se erigió un edificio de seis niveles violando el uso de suelo. Y en Puente de la Morena 43, en Benito Juárez, que no tiene ninguna autorización, pero se busca cómo sancionarlas adecuadamente, señaló.

Tras la firma de un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes para revisar el tema del ruido en sus establecimientos, comentó que otras delegaciones donde existe gran presión de las empresas inmobiliarias son Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

Desafortunadamente, reconoció, la norma nos genera muchísimos problemas para su aplicación y nos entrampamos demasiado con los litigios, pues aun cuando hacemos la recomendación de una demolición, hoy los jueces están revirtiendo las decisiones que, en su momento, solicitamos.

Mal de males

La defensa de los particulares impide que los jueces autoricen una demolición, pese haber acreditado una serie de irregularidades, por lo que la custodia de folios “nos está sirviendo como buffer (amortiguador), aunque no, nos ha dado todavía las salidas que nosotros queremos”, indicó.

La corrupción en las delegaciones es otro problema que se enfrenta y es preocupante, al impedir actuar en casos donde las obras carecen de permisos y autorizaciones, comentó el funcionario, quien lamentó que las autoridades centrales y delegacionales no hayan actuado en el caso de Rubí 38, en Tlalpan.

Pese a que el desarrollo inmobiliario, a cargo del Instituto de Vivienda, no cumple con la norma, no ha sido cancelado, pero estamos esperando que se cumpla y se sancione también a los directores responsables de obra involucrados en irregularidades, puntualizó.

Hasta el momento, dijo, suman cinco los directores a quienes se les ha retirado la autorización y vienen otros en camino además de que buscaremos que se interpongan denuncias penales y otras sanciones hasta donde la ley nos lo permitan para acabar con estas irregularidades.