Buenos Aires.

La diputada Margarita Stolbizer denunció este lunes a la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), por presunta asociación ilícita para instrumentar un mecanismo de corrupción con recursos millonarios para obra pública.

En otra acción más contra la ex mandataria, el juez federal Julián Ercolini aceptó la petición de la fiscalía para levantar el secreto fiscal del que goza Fernández de Kirchner en la causa Hotesur, en la cual es imputada por una presunta maniobra de lavado de dinero por medio de una empresa propietaria de hoteles en la Patagonia.

La propia Fernández denunció en Facebook el fin de semana la existencia de un aparato institucional, intrínseco al gobierno de su sucesor, el derechista Mauricio Macri, dedicado a perseguir, denunciar y hostigar, procesar o encarcelar, a quienes se oponen a su plan económico, el cual, subrayó la ex gobernante, provoca estragos en el tejido social.

Democracia de nula intensidad

Fernández de Kirchner expuso: Los fueros mediáticos y judiciales, sumados a servicios o fuerzas paraestatales de inteligencia, terminan produciendo una democracia de nula intensidad. El método: perseguir, denunciar y hostigar, o procesar o encarcelar. El objetivo es asustar a quienes no se van a callar frente a un plan económico que está haciendo estragos en el tejido social argentino, informó el diario Página 12.

La legisladora, aliada de Mauricio Macri y siempre opositora al kirchnerismo, se refirió en particular a las causas judiciales abiertas por las irregularidades en el manejo financiero de la empresa Hotesur y el hotel Los Sauces, ambos de la familia Kirchner.

De acuerdo con la denuncia, desde que Néstor Kirchner comenzó a gobernar en 2003 y por lo menos hasta 2013, bajo la presidencia de su esposa y sucesora, el gobierno operó una amplia red de corrupción.

Diferentes funcionarios públicos, incluidos los presidentes mencionados y empresarios privados claramente identificados por sus vínculos personales con aquéllos, conformaron una asociación ilícita vinculada con la obra pública, dijo la legisladora.