El fraude electoral con el voto de chiapanecos residentes en el extranjero se cometió hace casi un año, sin que ninguno de los principales implicados esté preso o se conozcan los primeros resultados de la investigación penal.

El titular de la Fiscalía Especialización para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, aseguró que en breve darán a conocer un informe de sus indagaciones, dado que se sigue integrando la averiguación previa.

El 19 de julio de 2015 miles de chiapanecos no pudieron votar. Algunos descubrieron que no estaban en el listado nominal, sino en otro de residentes en el extranjero, donde supuestamente vivían en países como Armenia, Croacia, Eslovaquia, Liberia y Suiza.

Luego resultó que entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Mover a Chiapas, ligados al gobierno de Manuel Velasco, concentraron 99.7 por ciento de votos de supuestos residentes en el extranjero. Con ello, Vicente Pardo Molina, entonces militante del Verde, juró como diputado migrante.

No obstante, cinco meses después fue desaforado, sigue prófugo y no hay información acerca de si fue buscado en Estados Unidos, donde residía antes de ocupar el cargo.

Estamos en la última etapa de la averiguación previa, subrayó Nieto Castillo, tras acudir en días pasados al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y después señalar que además de los electores afectados, hay más denuncias del instituto electoral local, Morena y varios ciudadanos.

En tanto, Vicente Manzur Salomón, familiar del ex legislador migrante y dueño de DSI Elecciones –empresa que elaboró el alterado padrón electoral de residentes en el extranjero– está amparado tras librarse una orden de aprehensión en su contra en un juzgado de Chiapas.

Sólo un empleado de la empresa DSI Elecciones, Carlos Alberto Díaz Hernández, quien suscribió los contratos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, estaba en prisión, aunque fue trasladado por un tiempo a un hospital en la entidad por problemas de salud.

Si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó sanciones administrativas al destituir primero a tres de los siete consejeros electorales encargados de conducir dichos comicios, y después a otros cuatro por órdenes del Tribunal Electoral, la Fepade aún no determina su responsabilidad penal.

Tampoco se ha definido el papel de algunos integrantes del gobierno de Chiapas que, según Morena y el PRD, tuvieron injerencia indebida en el proceso electoral del año pasado, ni la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, denunciada por el partido del sol azteca ante la Fepade.

Nieto indicó que sus indagaciones se sustentan en el artículo 13 de la Ley General en materia de delitos electorales, que prohíbe alterar o hacer un uso ilícito del padrón de votantes, explicó el fiscal.

A partir de ello, investigan lo relacionado con las personas que fueron dadas de baja del listado nominal sin su consentimiento e incorporadas en el padrón de chiapanecos residentes en el extranjero, también sin su aprobación.

Además, se encuentra el tema de la alteración al Registro Federal de Electores a partir de la construcción de un listado nominal de electores que no correspondía con la realidad de las solicitudes de ciudadanos para formar parte del mismo.