La corrupción permea las altas esferas del poder, así como en los ámbitos de la sociedad que es tolerante a la ilegalidad, señaló Reynaldo Reyes Rosas, magistrado del quinto tribunal colegiado en materia penal. Es frustrante, penoso y en ocasiones da rabia que nuestros gobernantes o funcionarios que manejan y dirigen este país usen sus cargos para materializar múltiples y sofisticados actos de corrupción a pesar de las leyes de transparencia.

Durante el foro El sistema nacional anticorrupción, las razones y las prospectivas, que organizó la Fundación Tomás Moro, Reyes dijo que hoy día la gente está enardecida, ya que en sus bolsillos ve reflejados esos actos de descomposición.

Vivimos en una nación don­de unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Donde la impunidad se observa en la calle, oficinas, en decisiones absurdas y en aquellas ocasiones donde los asuntos no llegan a los procesos penales porque inexplicablemente no hay denuncias.

El factor transparencia

César Chávez, visitador de la Procuraduría General de la República (PGR), habló sobre el sistema nacional anticorrupción, en particular de la fiscalía que tiene que ver al respecto. “Las reformas en la materia son positivas, pero tienen limitaciones y un modelo anticorrupción implica que se hagan regulaciones a como se ejerce el servicio público para que se puedan cerrar los espacios donde se generan las oportunidades de corrupción; por ejemplo, en contrataciones públicas que es lo más frecuente. Un sistema anticorrupción pasa también por la emisión de reformas de transparencia.

Un tercer pilar, manifestó, es cómo se fiscaliza el servicio público. Uno más es la rendición de cuentas. A consideración de Chávez, el más importante o que le hace más falta al sistema mexicano es la dimensión persecutoria, es decir, si un acto que es ilegítimo y no es adecuadamente perseguido, investigado y sancionado se genera un fenómeno de la impunidad.

Cuando un acto irregular no se sanciona se genera un incentivo para que el propio agente cometa un acto indebido. Hay una asociación entre impunidad y corrupción o ilegalidad en todos los ámbitos del estado de derecho, cuando no se aplica se genera corrupción.

Hay un problema de formación y autonomía en las fiscalías o áreas que persiguen este tipo de delitos, manifestó, porque los agentes del Ministerio Público como institución no tienen un in­centivo natural para perseguir este delito, porque los fiscales o procuradores tienen una participación del aparato público y, por tanto, tienen que estar participando de manera articulada con el aparato público.

“Un procurador tiene que estar bien con el gobernador o, en su caso, con el nivel federal y los delitos de corrupción van en sentido contrario. La persecución de un delito de este tipo necesariamente significa entrar a un problema de tensión o desgaste con la clase política. Por eso el primer elemento para que funcione una fiscalía de persecución del delito de corrupción es la autonomía.

Transitar de un modelo donde hoy el Ejecutivo tiene el control del Ministerio Público y, por tanto, las persecución de los delitos a un modelo de autonomía, tiene una serie de complicaciones, agregó.