El pleno de la Cámara de Diputados prevé aprobar hoy, sin cambios, la minuta del Senado que endurece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al incluir nuevos tipos penales, entre ellos narcomenudeo, contrabando de mercancías y de animales en peligro de extinción, así como el uso de moneda falsa.

La minuta, a la cual se dio ayer trámite de publicidad, adiciona la atribución del procurador general de la República de otorgar una nueva identidad a agentes; amplia el catálogo de técnicas de investigación, entre otras el uso de cuentas bancarias simuladas, el seguimiento de personas, la colaboración de informantes e incluso la retención de imputados en plazos de 48 a 96 horas.

El dictamen de la Comisión de Justicia define que la reforma a la ley es necesaria no sólo porque debe ajustarse al sistema penal acusatorio en vigor, sino para enfrentar los nuevos métodos de la delincuencia organizada, cuya actuación vulnera la economía del país.

La comisión avaló la decisión del Senado de ampliar el catálogo de delitos, para tipificar también el desvío de precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para el cultivo, extracción, producción o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley.

Además, se sancionará a quien participe en acordar o preparar la comisión de un delito de delincuencia organizada y determine los medios para ello, o bien participe intencional y activamente en actividades ilícitas, cuando conozca que con su participación contribuye a delinquir.

Se definió que las operaciones con recursos de procedencia ilícita, trata de personas, delitos contra la salud y secuestro se castiguen con mayor severidad.

En el capítulo de técnicas especiales de investigación se prevé que la regulación de los agentes infiltrados será determinada con protocolos emitidos por el procurador general de la República y se les podrá proporcionar una nueva identidad, pero también se acota que no se obligará a ninguna persona a introducirse en una banda.

Los senadores añadieron otras técnicas de averiguación, como recabar información en lugares públicos y vigilancia electrónica, aunque la comisión acotó que para evitar violaciones a derechos humanos, para llevarlas a cabo se necesita autorización judicial. Los protocolos de aplicación también serán aprobados por el procurador.

No obstante, la comisión definió que para garantizar el debido proceso, el seguimiento de personas y la colaboración de informantes deberán realizarse sin vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos.