Los diputados de Acción Nacional (PAN) lavaron la carga política que dejó a este partido haber postulado como candidata a una mujer relacionada con el crimen organizado. Ayer, con el respaldo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), convirtió el pleno cameral en coliseo y retiró el fuero constitucional a Lucero Guadalupe Sánchez López, para dejarla a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), que parece pretender encarcelarla por su probable relación con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En menos de dos horas los representantes populares dieron trámite al proceso, cuyo desenlace se conocía por lo menos hacía tres meses, cuando se constituyó la sección instructora, encargada de elaborar el dictamen.

Los integrantes de ese grupo de trabajo (dos del PRI, uno del PAN y un cuarto del PRD) aceptaron el alegato de la parte acusadora (PGR), que presentó pruebas insuficientes para acreditar que Sánchez López usó una identificación falsa para tener acceso al penal de máxima seguridad del Altiplano, a fin de reunirse con Guzmán Loera.

El Ministerio Público Federal no presentó la credencial falsa presuntamente utilizada por la panista en la visita del 4 de septiembre de 2014, con el nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez. La autoridad tampoco aportó el video en el que se presume se identifica a la imputada, pues la PGR refiere que en ese centro de reclusión las grabaciones se borran cada 27 días.

Además, la acusación por crimen organizado no se sustentó y la defensa de la diputada, a cargo de Rubén Antonio Tamayo –también abogado de un médico que participó en la operación estética que costó la vida a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos–, echó abajo la imputación.

Con tales inconsistencias, la sección instructora presentó el dictamen a la mesa directiva, con la determinación de retirar el fuero a la diputada.

Según el procedimiento autorizado por la presidencia que encabeza el perredista Jesús Zambrano, se permitió el uso de la máxima tribuna del Congreso para exponer la argumentación jurídica de la defensa de una persona imputada por tener nexos con el crimen organizado. Lo mismo ocurrió con la parte acusadora.

El agente del Ministerio Público, Arturo Ruiz Toribio, emitió una larga argumentación técnica de la forma en que la autoridad obtuvo las pruebas que apuntan a Sánchez López como la persona que incurrió en engaño para ingresar en el penal a partir de los informes rendidos por el Instituto Nacional Electoral, de los que se desprende la inexistencia de registros de su expedición e incluso que el folio corresponde a otra persona.

Tamayo preguntó con malicia si a un penal de alta seguridad puede entrar cualquier persona con una identificación que no coincide con sus rasgos y cuestionó cómo es posible que no haya un video en un Cefereso.

Siguió una larga serie de intervenciones de los diputados que votaron en favor, justificando que su decisión de retirar el fuero a Lucero Sánchez no obedecía a juzgarle ni a revanchas personales.

No obstante, al inicio de la sesión, cuando el pleno se constituyó en jurado de procedencia, el desafuero ya era cosa juzgada. Una forma de expiarse de los 414 legisladores que votaron contra la panista, a excepción de los 37 de Morena que se abstuvieron.