El nuevo sistema de justicia penal acusatorio no resolverá por sí mismo la criminalidad, para ello es necesario atender los problemas de desigualdad y pobreza que enfrenta el país, señalaron académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En conferencia con medios de comunicación, los investigadores aseguraron que la justicia es una de las tareas pendientes del Estado mexicano y, aunque el nuevo sistema penal –que entrará en vigor en todo el país el 18 de junio próximo– es mejor al que tradicionalmente propició corrupción e impunidad, no solucionará los altos niveles de crimen si no se atienden a fondo las causas.

Patricia Lucila González aseveró que si los altos índices de criminalidad continúan, el sistema acusatorio colapsará, como ocurrió con el tradicional. Por ello, junto con una justicia de calidad, se requiere resolver problemas como la pobreza.

Señaló que la aplicación de ese sistema se relaciona con una justicia pronta, imparcial y accesible para todos. Sin embargo, para instrumentarlo adecuadamente se enfrenta el reto de las policías. Si deseamos investigaciones técnicas, científicas, de una policía que aún no tiene la capacidad institucional para preservar una serie de evidencias en el lugar de los hechos, estamos en problemas, explicó.

Dijo que el proceso penal acusatorio debe ser evaluado de forma externa, que las procuradurías o fiscalías tengan evaluadores, que serían los ciudadanos y las organizaciones civiles, para medir la actividad cotidiana de los servidores públicos.

Consideró que una de las fallas del sistema es conciliar a las entidades con el sistema federal, pues no se ha planeado adecuadamente la forma para liquidar el sistema tradicional y lograr que la justicia de calidad que se pretende con el acusatorio permanezca y se desarrolle en todos los casos.

Jorge Alberto Witker Velásquez opinó que la reforma implica democratizar el poder del Estado más cerrado que ha existido: el judicial. El sistema, agregó, tiene el gran mérito de abrir a la sociedad el manejo de la acusación y la defensa; además de que debido a la metodología de las audiencias públicas intentará resolver la impunidad y la corrupción.

Consideró que llenarnos de juicios orales contradice al sistema. De cien asuntos, la mayoría de carácter patrimonial, casi 20 por ciento llega a la instancia del juicio oral, y 80 por ciento se resuelve mediante mecanismos alternativos, acuerdos de reparación y procedimiento abreviado.

Enrique Díaz Aranda refirió que el nuevo sistema de justicia es bueno sólo si se está en la posición y con los elementos para llegar a aplicarlo de manera eficaz.