Las pruebas que aportó el Ministerio Público Federal (MPF) para demostrar la probable responsabilidad de tres militares en la ejecución de 22 personas en una bodega en Tlatlaya, estado de México, fueron insuficientes para procesar a los acusados, amén de que los testimonios de las víctimas de esos hechos fueron contradictorios y los peritajes de balística emitidos por especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la Procuraduría General de la República (PGR) también se contraponen.

El pasado viernes, esos argumentos llevaron al magistrado del sexto tribunal unitario de Toluca, estado de México, Adalid Ambriz Landa, a ordenar la inmediata libertad de los tres militares implicados en el homicidio de los 22 presuntos secuestradores, ocurrido el 4 de julio de 2014 en Tla-tlaya, según consta en la versión pública de la sentencia en poder de La Jornada.

Según el argumento del magistrado, la PGR no acreditó los hechos en los que sustentó la calificativa de ventaja (en el cargo de homicidio) ni aportó pruebas que demostraran la participación de los procesados en la comisión del delito que se les atribuyó.

El tribunal añadió que, de lo anterior, surge la ineficacia de los agravios expuestos por el fiscal de la Federación y el asesor jurídico de las víctimas indirectas, pues con independencia de las razones jurídicas que el juez de primer grado sostuvo para estimar acreditada la conducta que se analiza, lo cierto es que a juicio de este tribunal de alzada no se acredita el elemento del cuerpo del delito.

Además, señaló que las pruebas contra los tres militares no son suficientes para acreditar que, después del primer evento de disparos en el rancho El Limón, de aproximadamente ocho minutos (sostenido en la primera versión de los hechos), haya existido un segundo evento en el que los tres soldados ingresaron a la bodega y privaron de la vida a ocho presuntos agresores.

La resolución judicial agrega que las declaraciones de los testigos y procesados presentaron diversas inconsistencias. Por ejemplo, en un inicio afirmaron que sólo existió un evento de disparos, y después, en otra declaración, indicaron que existió un segundo, donde presuntamente fueron rematados ocho civiles.

Además, el magistrado resolvió que “los argumentos que generan aún más incertidumbre y desconfianza sobre lo declarado por los mencionados testigos el 28 de septiembre de 2014, ante el fiscal de la Federación, pues como se vio, al declarar en preparatoria ante la presencia judicial, en esencia, se advierte que negaron haber expresado de viva voz y de manera espontánea el contenido de esa segunda versión (doble evento de disparos), bajo la principal explicación de que esa narración fue previamente elaborada por el personal que tomó su declaración.

Que el Ministerio Público de la Federación únicamente les pidió que firmaran ese documento, con la promesa de que de esa manera se les ayudaría a todos los involucrados en los hechos investigados, indica la sentencia.

Dadas las omisiones, imprecisiones y contradicciones que presentan en sí mismos, sumado a lo contradictorio con la primera versión de los hechos narrada por las testigos de cargo el 4 de julio de 2014 y los elementos castrenses el 24 de septiembre del mismo año, se concluye que no son legalmente suficientes para probar los hechos con base en los cuales el Ministerio Público de la Federación y el juez de distrito afirmaron actualizada la agravante de ventaja que se analiza, determinó el tribunal.

Responsabilizan a la PGR por omisiones

José Antonio Román

En el caso Tlatlaya, 16 de las principales organizaciones y centros de derechos humanos del país acusaron al Poder Judicial de ser poco efectivo para el juzgamiento de los casos graves de violaciones de derechos humanos.

Y responsabilizaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por haber presentado una acusación deficiente y una investigación casi nula del caso, que ha provocado que, a casi dos años de los hechos, no existe un solo procesado.

En un pronunciamiento conjunto sobre la reciente orden judicial de liberar a los últimos tres de ocho militares acusados de ejecución arbitraria de civiles en una bodega de Tlatlaya, en el estado de México, en junio de 2014, las organizaciones aseguraron que todo apunta a que el caso se consuma en la impunidad.

Hicieron un llamado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia apersonada en el juicio, a asesorar a las familias sobre la posibilidad de intentar recursos legales, pues la resolución dictada por el magistrado para liberar a los militares no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente.

Destacaron que la resolución se da a pesar de que otro órgano del Estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), determinó en su recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de entre 12 y 15 de las 22 personas que perdieron la vida durante los hechos, y que el Ejército hizo creer que todos habían muerto resultado de un enfrentamiento armado.

A la versión de la CNDH se suman las declaraciones de las tres mujeres sobrevivientes de la masacre, que afirman en forma contundente que si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército y después fueron ejecutados.

Aclararon que la resolución judicial no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los militares, sino que su puesta en libertad se debe a una insuficiencia probatoria. Esto abre la posibilidad de que la PGR perfeccione su investigación y se evite que el caso permanezca en impunidad, indica las organizaciones y centros de derechos humanos.

Entre las organizaciones que firman la declaración conjunta están la Red Todos los Derechos para Todos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Análisis e Investigación Fundar, Servicios y Asesorías para la Paz, Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Freedom House, entre otros.