El representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Jesús Peña Palacios, entregó al Senado observaciones a los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales, con el propósito de que fueran revisados, antes de ser avalados por esa cámara, para hacerlos acordes con los principios establecidos en la reforma constitucional aprobada en 2008 en materia penal.

Peña Palacios subrayó en su misiva que en los casos en que se prevean facultades para órganos de naturaleza militar, cuyas acciones pudieran afectar a personas e instituciones civiles, es conveniente clarificar el ámbito de actuación de las autoridades ministeriales y jurisdicciones castrenses.

Destaca en sus observaciones que es importante determinar criterios claros y consistentes que garanticen seguridad jurídica a las partes y respeto a los derechos humanos, excluyendo la posibilidad de que las autoridades militares puedan realizar directamente acciones de investigación o procesamiento cuando afecten o pudieran afectar a civiles y que, en caso de ser necesarias y estar autorizadas por el ordenamiento legal, se realicen por medio de las autoridades civiles correspondientes y bajo su dirección y supervisión.

Una de las preocupaciones que el representante adjunto en México del Acnudh expuso a los coordinadores legislativos de PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, así como a los presidentes de las comisiones de Justicia, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos –que dictaminaron las minutas procedentes de la Cámara de Diputados– fue en relación con los casos en que, derivados de una misma actividad delictiva, pudieran existir ilícitos de competencia del fuero castrense y otros de los que deba conocer la jurisdicción ordinaria federal o común, sería conveniente establecer con mayor precisión la obligación de colaboración con las autoridades civiles correspondientes y de proporcionar toda aquella información que pudiera ser relevante para sus investigaciones y actuaciones.

De igual forma, les hizo saber que en aquellos casos en los que, fruto de las actuaciones llevadas a cabo por autoridades militares se detecte la posible existencia de delitos que no sean de competencia del fuero militar, se debería reforzar la obligación de dar traslado sin demora a las autoridades civiles de procuración de justicia competentes en cada caso.

Peña Palacios apunta que en los casos en que pudiera darse la comparecencia de personas, testigos y expertas civiles en procedimientos militares, sería conveniente regular su participación, el y los procedimientos para que la misma se produzca de forma que contribuya al derecho a la justicia, sin que por ello se ponga en cuestión el derecho de los civiles a no ser sometidos a jurisdicción militar de tipo alguno.

Otro de los puntos en que el representante adjunto del Acnudh mostró preocupación fue el relativo a las víctimas y ofendidos del delito. Sería importante delimitar con mayor precisión sus derechos y participación en el proceso, incluyendo aquellos casos en que la víctima que resiente directamente en sí la conducta punible no puede ejercer su derecho.

A partir de ese análisis de Peña Palacios, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la perredista Angélica de la Peña, hizo 30 observaciones al Código de Justicia Militar y 92 al Militar de Procedimientos Penales, pero ninguna pasó en pleno, ya que con los votos de PRI, PVEM y la mayoría de la bancada panista se aprobó tal como los envió la Cámara de Diputados.