El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que la decisión del Estado mexicano de no profundizar en las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, nos indica cuán amafiados están los políticos para obstaculizar que se investigue el entramado criminal que se urde en las instituciones de gobierno.

Señaló que obstruir la justicia y faltar a la verdad es la marca de este sexenio, que Enrique Peña Nieto llevará como sombra al no permitir que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) le ayudara a desmontar un aparato de justicia que se sostiene con base en mentiras y traiciones.

En un análisis publicado esta semana en su sitio web, el organismo aseguró que hay total cerrazón para que se desenmascare la macrocriminalidad que se ha arraigado en las estructuras del poder político. Se manosean las investigaciones y se protege a personajes siniestros para que se encarguen de construir versiones a modo, para que nada cambie en nuestro país.

Resaltó que fue la postura cerrada de las autoridades lo que obligó a que el GIEI culminara su labor y sus integrantes se fueran del país el pasado 30 de abril.

“No cabe duda que la decisión del Estado estuvo basada en intereses facciosos, no en su compromiso con la verdad, mucho menos en honrar la palabra presidencial de dar con la verdad tope donde topare, sino en la perversidad del poder, en el control de las investigaciones para encubrir a los responsables intelectuales de las desapariciones de los 43 estudiantes.”

El centro de derechos humanos cuestionó que mientras el 29 de octubre de 2014 el presidente Peña Nieto firmaba en Los Pinos 10 acuerdos con los padres y madres de familia, donde se comprometía a profundizar y rediseñar el plan de búsqueda con vida de los estudiantes, un día antes, Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, había ido al río San Juan a preparar la escena del crimen, para dar vida a la verdad histórica.

El mismo 29 se hicieron todas las diligencias con las formalidades legales para demostrar el rigor científico de sus investigaciones. En la misma residencia de Los Pinos se urdió la traición, sino fue así, quiere decir que hay alguien que tiene más poder que el Presidente de la República, indicó el organismo.

Impedir que se investigue al Ejército, no abrir otras líneas de investigación que apunten a los grupos de poder estatal y federal, así como no profundizar en las indagatorias sobre el involucramiento de las corporaciones policiacas asentadas en Iguala durante la desaparición de los 43 indica, de acuerdo con Tlachinollan, lo amafiados que están los políticos.

Consideró que es sintomático que no se quiera avanzar en la investigación del quinto autobús, para conocer cómo está la red criminal del trasiego de drogas en autobuses de Iguala a Chicago.