Las agresiones a las defensoras de derechos humanos se han incrementado de manera brutal y con absoluta impunidad desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, dijo Atziri Ávila, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (Rnddhm) ante el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.

En los primeros cuatro meses del año, la Rnddhm ha documentado 92 casos de agresiones: “Estamos viviendo un contexto generalizado de violencia. Hemos documentado hostigamiento sexual, amenazas de violación y de muerte –contra ellas y sus hijos–, el uso de los medios comunicación para hacer campañas de difamación y desprestigio, lenguaje sexista y machista, persecución, criminalización, judicialización y la muerte”, señala en entrevista Atziri Ávila.

La mayor parte de las agresiones se han cometido en Oaxaca, Guerrero, Coahuila, Puebla, Veracruz, estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua y Baja California.

Entre enero y abril se registraron dos defensoras asesinadas. En estos cuatro meses de los 92 casos de agresión, 68 fueron contra defensoras, 18 contra periodistas y seis contra sus organizaciones. De éstos, 41 fueron cometidos por actores desconocidos, 25 por policías, seis por autoridades federales, seis por la comunidad, cinco por los medios de comunicación y cuatro por autoridades estatales, según dijo Atziri Ávila, dedicada hace años a la defensa de las mujeres y sus derechos.

La visita del relator Michel Forst no es oficial porque no le fue concedido el permiso.

Nosotras nos unimos a esta visita académica porque nos pareció un gesto importante, aunque no sea visita oficial, para que él conozca lo que les está pasando a las mujeres defensoras de derechos humanos y a las periodistas.

En seis años, la red tiene registrado el asesinato de 38 defensoras de derechos humanos. La llegada de Enrique Peña Nieto ha sido brutal para la sociedad. Se han incrementado las violaciones a los derechos humanos y nosotras acompañamos a las víctimas, quienes han tenido que salir a las calles ante la omisión de las autoridades, que no son capaces de generar investigaciones prontas, transparentes y satisfactorias y luego vienen las agresiones. Hay un incremento del tipo de violencia y de los allanamientos y el acoso.

Señaló el caso de Rita Amador, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre de Puebla, quien en cuatro meses ha recibido tres amenazas de muerte y la criminalización de su familia, ya que su esposo y dos de sus hijos están en prisión.

También mencionó el caso de Aleida Quintana, en Queretaro, y el de Cristina Paredes, quien ha denunciado la desaparición forzada de su padre en Michoacán y ha sido amenazada de muerte y sacada de su casa en enero pasado: Se trata de casos de mujeres jóvenes que están visibilizando el feminicidio, la desaparición forzada y la tortura. No hay voluntad política para disminuir las agresiones, ni para solucionar los casos.

Sin solución

Uno de los casos más señalados es el de la defensora Martha Solórzano Martínez, presidenta de la asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, quien ha sufrido todo tipo de hostigamiento y abusos policiales en San Luis Río Colorado, Sonora.

Solórzano ha denunciado los abusos de policías municipales. Los comandantes que me han agredido y me tienen amenazada son: Felipe Donjuan Galaz, Jesús Patiño y Nazario Ibarra Cruz, a todos ellos los han acusado de distintos delitos contra la población civil, como asesinato, robo, extorsiones, tortura, violaciones, amenazas o secuestro.

La defensora teme por su vida y la de su familia, pues comenta que ha sufrido persecución y judicialización, incluso contra su hijo, Jorge Luis Zavala, quien fue detenido, consignado y procesado luego de la fabricación de delitos por tres policías municipales de tránsito y finalmente condenado a 11 años de prisión, acusado por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad.

Martha Solórzano Martínez, presidenta de la asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la ImpunidadFoto Sanjuana Martínez

Atziri Ávila, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en MéxicoFoto Sanjuana Martínez

Su hijo estuvo preso más de dos años, hasta que fue liberado luego de comprobarse su inocencia. Con la gobernadora panista de Sonora, Claudia Pavlovich, estamos peor. Vivimos en la total indefensión y permanezco encerrada en mi casa, porque padezco una persecución exagerada por mi trabajo de defensora de derechos humanos, dice en entrevista.

A Solórzano le fueron concedidas medidas cautelares, pero dice que el mecanismo de protección no funciona desde que el gobernador panista Guillermo Padrés le retiró la escolta: Me han detenido, se han metido a mi casa, me han robado, mi situación empeoró muchísimo, porque los agresores a quienes tengo muy señalados, se enojaron. Mi vida corre peligro porque los policías municipales son los mismos delincuentes, nadie los ha enfrentado, ni el Ejército. Quiero seguridad.

Dice que el mecanismo de protección sencillamente no funciona: es un órgano que se creó supuestamente para la seguridad de las defensoras, pero no nos ha dado resultado. La seguridad es nula. En todo momento he pensado que puedo perder la vida y la de mis hijos. Cada día que me despierto le doy gracias a Dios por estar viva. Vivir así, es no vivir.

Atziri Ávila coincide y señala que la situación de Solorzano es un claro ejemplo de la persecución institucional contra su trabajo: Hemos visto falta de voluntad política en los tres niveles de gobierno, existe el mecanismo federal de protección a defensoras y periodistas, pero no ha funcionado. Lamentablemente, las que acuden allí son revictimizadas, su labor es cuestionada, las medidas de protección que proporcionan no se atienden de manera urgente, no toman en cuenta con perspectiva de género y no consideran a sus hijos, ni a su familia.

Criminalización legalizada

La crisis de derechos humanos que se vive actualmente ha provocado un incremento de la violencia hacia las defensoras, señala Atziri Ávila. Un factor que ha influido en el incremento a las agresiones es el Pacto por México, respaldado por todos los partidos, y luego las reformas estructurales, como la energética y educativa, impuestas sin la consideración de la sociedad civil, reformas que sólo benefician a las cúpulas empresarial y política, eso es lo que ha hecho que salgamos a las calles en defensa de la educación, la salud y la economía...

Añade: Han normalizado la criminalización y el cateo de casas sin órdenes previas; todas estas violaciones de derechos humanos ahora se han legalizado y eso es lo que hemos denunciado y a consecuencia de eso estamos siendo agredidos.

Explica que en el contexto generalizado de violencia también son agredidos los defensores, pero en el caso de ellas es diferente: “Hay pactos diferenciados contra las mujeres. Cuando reciben amenazas muchas veces se cuestionan seguir en la lucha, cuando sucede contra los hombres no es así. Estamos viviendo un contexto de violencia en la defensa de los derechos humanos; sin embargo, el impacto hacia ellas es otro, porque abandonan el trabajo, algunas defensoras deciden hacerlo para proteger a sus hijos, muchas se van al exilio o se reubican en otros estados. Muchas no reciben el respaldo de sus organizaciones ni de su familia, contrario a los hombres a quienes generalmente se les apoya. El trabajo de las defensoras de derechos humanos abona a construir una sociedad más igualitaria, más justa y democrática. Debería ser un apoyo para las autoridades, pero lejos de vernos así, nos ven como enemigas, y no debería de ser así porque nosotras buscamos un bien común.

A pesar de todo, las defensoras seguimos haciendo nuestro trabajo en favor del respeto a los derechos humanos y queremos que el relator venga oficialmente, porque eso forzaría al Estado mexicano a atender y escuchar las voces. Exigimos garantías de seguridad y protección.