En lo que va de este año el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) ha atendido alrededor de 2 mil solicitudes referentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias.

Se entregó la información de mil 445 y 108 fueron catalogadas como reservas, sostuvo Jacqueline Peschard, coordinadora del seminario universitario de transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Explicó que de todas las reformas estructurales que se aprobaron en el contexto del Pacto por México, la energética trajo transformaciones radicales en la parte normativa y dominio directo de recursos energéticos, lo que hace necesario transparentar todas las actividades de hidrocarburos y electricidad.

Durante el seminario Transparencia y rendición de cuentas en la reforma energética mexicana, que se efectuó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la académica se refirió a que debido a la nueva naturaleza de las empresas productivas del Estado es importante tener a la mano los procesos que desarrollan y tener acceso a los documentos.

Medidas contra la corrupción

Tanto Pemex como la CFE dejaron de ser paraestatales con el fin de ser modernizadas y para fortalecerlas como empresas productivas del Estado, además de la intención de combatir en ellas la corrupción en el sector, explicó. Incluso la ley de transparencia estableció un artículo exclusivo para el ámbito energético.

Precisó que en el rubro de energía es pública toda la información relacionada con permisos, alianzas con privados, costos, ingreso y pagos, es decir, se podrá identificar dónde están y de quién son los recursos.

Francisco Ibarra, secretario académico del instituto, se refirió a que la reforma energética puso en la mesa una transformación en el rubro y el reto de formar profesionales en la materia, hay nuevas leyes; se vive el segundo momento de las reformas estructurales del gobierno mexicano. Una fue a principios de los 90, no había un sistema de transparencia, ahora hay uno. Hay obligaciones para las entidades del sector.

Agregó que preocupa la reserva que se planteó de al menos cinco años, que se puede ampliar a una década.