Chilpancingo, Gro.

Este lunes rindieron declaración ante los juzgados federales primero y séptimo los 71 detenidos el jueves pasado luego de ser desalojados de la Autopista del Sol por la Policía Federal (PF), informó Arturo López Torres, comisario del poblado Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo.

El comisario explicó que ‘‘pasaron en grupos de 20 (personas) los compañeros recluidos; hasta ahora, sólo han pasado dos grupos. Nos avisaron que nuestros abogados están pidiendo un ampliación del caso’’.

Añadió que hay personas desaparecidas luego del desalojo, ‘‘pero ya han estado apareciendo’’, si bien ‘‘nos siguen faltando siete’’. En cuanto al paradero del dirigente de transportistas Servando Salgado Guzmán dijo: ‘‘No lo he visto, no he tenido comunicación con él y desconozco si está desaparecido’’.

Aseguró que el gobernador Héctor Astudillo ‘‘nos dijo que nos iba a apoyar para que atendieran el caso’’. Afirmó que se buscó una mesa de diálogo con el gobierno estatal. ‘‘Ya la tenemos y nuestro objetivo central es demandar la libertad de nuestros compañeros presos’’.

Señaló que el término constitucional para resolver la situación jurídica de los transportistas detenidos habría sido “de tres días, pero se pidió una ampliación de seis más’’.

El comisario recordó que otras autoridades municipales divulgaron que ‘‘criminales organizados’’ participaron en las protestas del jueves pasado. ‘‘Se los dijimos, porque nuestra marcha era un movimiento pacífico’’, para exigir al gobierno estatal seguridad, caminos, servicios de salud y proyectos productivos.

En tanto, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete, reconoció que una de las regiones más abandonadas es la zona de la Sierra de Guerrero, de donde procedían los manifestantes.

Recordó que de las 73 personas detenidas el jueves, dos fueron liberadas y al resto se les atribuyen los presuntos delitos de ‘‘terrorismo, ataques a las vías de comunicación, posesión de armas y daños, principalmente’’.

Afirmó que el gobierno estatal designó a cinco abogados para los detenidos, pero debido a que una hermana de Servando Salgado contrató a dos juristas, los litigantes de oficio ‘‘ya no pudieron actuar, porque esa decisión la tomaron los detenidos. Nosotros, como Coddehum, estamos en coadyuvancia en la investigación’’.