De 2010 a 2013 el gobierno federal destinó menos dinero a los grupos discriminados en el país, y particularmente esta administración redujo más el presupuesto a indígenas, niños y personas con discapacidad. Además, no comprueba a quiénes les otorga los apoyos económicos.

De acuerdo con el libro Desiguales, invisibles y excluidos; discriminación presupuestaria y grupos vulnerables, el principio de ofrecer atención prioritaria a esa población en mayor desventaja no se ve reflejado con esas reducciones.

La publicación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que en 2013 los programas sociales para quienes tienen una discapacidad recibieron 1.2 por ciento menos que un año antes. Los que están dirigidos a la niñez obtuvieron 0.30 puntos porcentuales menos y la reducción para indígenas fue de 0.27.

Aunado a la disminución de los recursos, el documento detalla que en realidad no se puede asegurar que estén recibiendo poco o mucho de los recursos. No es posible comprobar si perciben los apoyos o están siendo desviados, apuntó el estudio.

Uno de los principales obstáculos en la investigación, se relata en el documento, fue el acceso a la información consistente y confiable para identificar la desigualdad de trato en el diseño del gasto público federal mexicano.

De 887 programas dirigidos a quienes son discriminados –las mujeres y los adultos mayores también entran en ese rubro–, los autores del libro sólo obtuvieron el padrón de beneficiarios de 174 de ellos.

En México existen cinco grupos discriminados, según la ley federal para prevenir ese delito, y son las mujeres, adultos mayores, indígenas, niños y personas con discapacidad.

Los programas supuestamente diseñados para asistirlos, concluye el estudio, no tienen criterios de equidad en la distribución de los recursos, lo que podría agravar las diferencias entre esas mismas poblaciones.

Mauricio Merino Huerta, presidente de la Asamblea Consultivo del Conapred, coordinó la investigación, en la que participaron académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).