El gobierno federal ha propuesto al Congreso reformas a la Ley General de Salud para otorgar mayores facultades a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), con el fin de impulsar la mediación en caso de conflictos y atenuar la judicialización de la medicina como práctica que poco a poco se arraiga en México.

Esto ha inclinado la práctica profesional hacia una medicina defensiva que genera una fuerte presión para elevar los costos de los servicios de atención médica, sin incrementar comprobadamente su efectividad, señala la Presidencia de la República en la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados.

El pasado jueves 28, en una ceremonia en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto firmó 12 iniciativas de ley para mejorar la llamada justicia cotidiana en el país, entre las que se incluyen cambios en la norma de Salud.

Así, además de proponer el otorgamiento de mayores facultades a la Conamed para resolver controversias médicas con procedimientos más ágiles y expeditos, se incluye el fortalecimiento de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la creación de un nuevo órgano de vigilancia encargado del control sanitario de establecimientos médicos, tarea actualmente bajo responsabilidad de la Cofepris.

El órgano propuesto ejercería vigilancia y control sanitarios de los servicios de atención médica y cirugía estética, los establecimientos donde se realicen, así como la disposición y trasplantes de órganos, tejidos, sus componentes y células de seres humanos, y manejo de los residuos peligrosos de los servicios de atención médica. Sería, además, una comisión desconcentrada de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la exposición de motivos que acompaña a la iniciativa, se trata de crear condiciones para garantizar a los mexicanos el acceso a servicios de salud de calidad.

En el caso de la Conamed –encargada de atender un promedio anual de 17 mil casos–, se le facultaría para intervenir de oficio en asuntos de interés general dentro del ámbito de su competencia, y para ello podrá requerir la información y documentos que considere necesarios a los prestadores de servicios y realizar las investigaciones que se requieran.