La depuración del padrón de militantes del PAN ha generado inquietud entre algunos dirigentes locales del partido, quienes reclamaron ser tomados en cuenta en la definición de los mecanismos, los alcances y el momento en que se aplicará el proyecto.

Argumentaron que si el procedimiento evade las particularidades de los estados y violenta los derechos políticos de los afiliados, podría ser fácilmente impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ulises Ramírez, dirigente de una de las corrientes más influyentes en el estado de México, calificó como correcta la decisión de limpiar el listado, pues muchas de las personas que llegaron al blanquiazul atraídas por los triunfos de Vicente Fox y Felipe Calderón en las elecciones presidenciales ya no participan.

Pero esperamos que ese mecanismo sea siempre consensuado con los presidentes estatales de todo el país, señaló en entrevista. Resaltó que en la última sesión del Consejo Nacional del PAN, en la que se presentó el proyecto de reingeniería del padrón, se ofreció que se dialogaría con los dirigentes para acordar la depuración, por lo que dijo esperar que se cumpla la propuesta.

El ex presidente municipal de Tlalnepantla estimó importante que los líderes locales estén de acuerdo en los mecanismos, alcances y tiempos de aplicación del proyecto, pues sería un error estratégico entrar a la revisión cuando hay elecciones.

Rechazó haber sido uno de los promotores de las afiliaciones masivas en el PAN. En torno a mi persona se han levantado muchos mitos. Ni uno de ellos ha podido ser comprobado, enfatizó.

A su vez, uno de los operadores políticos más importantes del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle –quien pidió mantenerlo en el anonimato–, mostró reticencias a la propuesta de reingeniería del padrón de militantes.

Consideró que el procedimiento se debe consensuar con los dirigentes estatales porque conocen las condiciones en las que se encuentran los militantes. Si, por ejemplo, se pretende que los panistas ubicados en zonas lejanas viajen a las ciudades para poder registrar sus huellas dactilares y de esa forma ratificar su membresía, se podría excluir a quienes no tienen las posibilidades de trasladarse, y ello además sería una violación a los derechos políticos, se corre el riesgo de una impugnación ante el tribunal electoral, subrayó.