Chilpancingo.

El jueves pasado esta ciudad fue un caos. Ni en sus mejores tiempos habían armado tal desmadre la coordinadora magisterial o los ayoptzinapos, si uno lo dice en las palabras del gobernador Héctor Astudillo. La Autopista del Sol, áurea herencia salinista, y la ciudad entera sufrieron ocho horas de bloqueos protagonizados por comunidades de la Sierra y transportistas locales. La peor combinación posible, según conviene, en su despacho de Casa Guerrero, el gobernador: En Michoacán queman vehículos, los atraviesan y se van; aquí bloquearon los taxistas con sus automóviles.

Dicho de otro modo, los ciudadanos que alcanzaban a atravesar un bloqueo tampoco podían seguir su viaje porque, sencillamente, no había transporte.

El desenlace es conocido: el gobierno estatal opta por pasar la bolita al federal y un mando de la Policía Federal, Rafael Lomelí, decide un desalojo que culmina con 100 desaparecidos, un número incontable de lesionados y alrededor de 73 detenidos (los números varían según la fuente y la hora de la información).

Uno de los desaparecidos es Servando Salgado Guzmán, abogado, dueño de maquinaria pesada y líder de la Unión de los Pueblos de la Sierra de Guerrero y del Consejo del Autotransporte de la Región Centro.

De apenas 37 años, Salgado ha tenido una fulgurante carrera en la política local, siempre en las filas del PRI. Entre sus amigos se cuentan, según su hermana María Eugenia, el ex alcalde de Chilpancingo Mario Moreno, y el gobernador Astudillo y su esposa, quien ha asistido a actos de relumbrón organizados por el joven líder.

Es un misterio lo ocurrido en apenas un año. De entusiasta promotor de la candidatura de Astudillo y otros aspirantes priístas a cargos de elección popular, Servando ha pasado, en apenas horas, a ser una especie de enemigo público número uno del estado.

Hay indicios de que (en los bloqueos del jueves) estuvo la delincuencia organizada, dice el gobernador en todos los medios y a todas horas.

Pese a tan grave acusación, el helicóptero rojo del mandatario desciende en la Casa Guerrero al filo de las 14 horas. Astudillo ha dejado su agenda oficial en Acapulco para venir a una reunión con los cuadros de Salgado.

En la sala de reuniones acompañan a Astudillo su secretario de Gobierno, Florencio Salazar, y, como si fuera otro integrante de su gabinete, el líder de la UPOEG y de las policías comunitarias Bruno Plácido, quien oficialmente es mediador.

Con la camisa remangada, Astudillo recibe un documento en el cual las autoridades de la sierra solicitan su apoyo para lograr la liberación de los detenidos y la atención de diversas demandas de los pobladores de los municipios que, entre otras cosas, se caracterizan por ser los principales productores de amapola en la República Mexicana.

Arturo López Torres, el claridoso comisario municipal de Filo de Caballos, toma la palabra en nombre de sus compañeros y acepta que pudieron cometer errores en su método de lucha. Apela a un viejo conocido: Siempre lo hemos considerado amigo de los sierreños. Astudillo asiente con la cabeza y expresa: Yo también.

Bruno Plácido, quien también hizo de intermediario en Iguala en el caso de los normalistas desaparecidos, exalta la importancia del diálogo y trata de conducir la reunión: “Chocar todo el tiempo no es viable… tenemos que evitar que otros intereses se metan”.

Aunque ha sido claro respecto de la intervención del crimen organizado en los bloqueos del jueves, el gobernador quiere bajar el tono y a lo largo de la reunión resalta los lazos de amistad que tiene con varios de los presentes: Sigo muy extrañado de que hayan querido generar un conflicto con este gobernador, que es su amigo, porque esta es su casa.

El comisario de Filo de Caballos intenta una tímida respuesta, pero no tiene espacio. El gobernador ha venido a decir a los serranos que él es su amigo y que fueron engañados. Para probar su punto hace circular entre los asistentes un diario local con la foto del líder, Servando Salgado, en medio de dos mariachis, ensombrerado y fiestero. Mientras ellos se jodían en el bloqueo, les da a entender, el dirigente se ponía tremenda guarapeta.

Los hombres de la sierra, comisarios de pueblos donde ni médicos ni maestros quieren ir porque los vejan, asaltan y violan, se pasan el periódico, miran la foto y bajan la mirada.

Mientras la foto circula, el gobernador repite cosas que ya no tiene que contar a las atribuladas autoridades de la Sierra: que el Ejército no quiere subir desde que desarmaron a todo un convoy, que la Marina se negó a hacerse cargo del paquete, que la única seguridad posible estaba en manos de las fuerzas estatales. Han ocurrido hechos muy graves que no tengo que repetir, porque ustedes los conocen.

Las autoridades de la Sierra están en lo suyo: la libertad de sus detenidos. En ese tema, el gobernador sólo tiene una respuesta: Este es un asunto que se dejó crecer; ya no está en manos del estado, sino de la Federación.

Acto seguido ofrece los buenos oficios de la comisión de derechos humanos estatal y de otros sucedáneos. Pide, por ejemplo, que sus funcionarios expliquen cómo va la atención a diversas demandas de la Sierra.

La calidad de la respuesta gubernamental se puede medir con el informe del secretario de Salud, Carlos de la Peña, quien informa que ahora sí hay médicos, pero sólo hasta las tres de la tarde, porque tienen miedo (ni las maestras ni las doctoras, cuentan personas informadas, quieren pararse en la Sierra, porque los delincuentes las violan).

El gobernador no ofrece garantías. Las pide: Tenemos toda la disposición, pero ustedes pongan de su parte, porque los maestros y los médicos no quieren ir porque no tienen garantías.

Igual, se promete la instalación de mesas de trabajo para seguir atendiendo los conflictos de la región, que alimenta de goma de opio la conexión México-Chicago y anexas.

La reunión, a la cual tuvo acceso La Jornada, se desarrolla sólo con la mitad de los afectados. Astudillo recibe únicamente a los representantes de la Sierra y no a los transportistas. Afuera se quedan también los familiares de Salgado.

A la hora de la entrada, los ataja Xavier Olea Peláez, fiscal general del estado, quien luego de ofrecerles atención les dice: Hay instrucción expresa de que ustedes no entran.

Ellos no se explican por qué, cosa común en estos días en la capital de Guerrero.

Frente a los serranos, el gobernador se pregunta, buscando ser convincente: ¿Bajo qué influencia estamos en este asunto? ¿Qué sucedió? Todavía miro hacia arriba y me cuestiono: ¿por qué?

Si el gobernador, que por las responsabilidades de su encomienda debería estar mejor informado que todos, no atina a explicar qué pasó, los demás entienden menos.

No entiendo. Mi hermano siempre ha sido del PRI. En las campañas no lo apoyamos poco, sino 100 por ciento. Astudillo arrasó aquí en la votación, dice María Eugenia Salgado Guzmán, hermana del máximo dirigente del bloqueo, abogada y agente del Ministerio Público.

¿Será que la sombra del quinto autobús de Iguala no se borra (la hipótesis de la carga de goma de opio como motivo del ataque y de los 43 desaparecidos)? El jueves pasado, mientras, acompañado por Rosario Robles, el gobernador Astudillo le ponía otro broche al cinturón de oro de la minera Gold Corp (Media Luna) en Cocula, los serranos del cinturón de la amapola armaban tremendo desmadre a unos pasos de su oficina y desquiciaban la vida de Chilpancingo. El oro y la goma de opio en el mismo día.

El clásico diría: son las commodities, estúpido.