De las 177 áreas naturales protegidas que tiene el país –con más de 25 millones de hectáreas–, 42 por ciento de ellas (75) carecen de programas de conservación, lo cual no sólo genera incertidumbre jurídica, sino las pone en riesgo de sufrir daños irreversibles por el desarrollo de actividades como el turismo, la minería, y el desarrollo de infraestructura.

En su recomendación general 26, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que hay áreas naturales protegidas impactadas por la actividad humana, realizada sin apego a ningún marco regulatorio. Eso podría acarrear la pérdida irreversible de su estatus de protección, a consecuencia de no haberse salvaguardado.

De acuerdo con quejas recibidas en materia ambiental, tanto a escala federal como local, dicho tipo de áreas presentan problemas de deforestación, sobrexplotación de recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos, agua y atmósfera, entre otros, a consecuencia de cambios desordenados de uso de suelo para actividades agropecuarias, industriales y de urbanización.

En conferencia, el sexto visitador, Jorge Ulises Carmona, destacó que este es la primera recomendación general en materia ambiental.

Explicó que la omisión de formular y publicar sus respectivos programas de manejo y conservación, en los que se definen las actividades permitidas o prohibidas y su demarcación, genera una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que afecta múltiples derechos humanos, entre ellos la protección y preservación del medio ambiente y la seguridad jurídica.

Dicha omisión provoca otras afectaciones severas, al facilitar que los desarrolladores de diversos tipos de industrias, como el sector minero, la extracción forestal y el turismo, por mencionar algunas, exploten irracionalmente y dañen –en ocasiones de manera irreparable– los recursos naturales.

Destaca que, de acuerdo con datos oficiales, 84 por ciento del total de las localidades ubicadas dentro de las áreas protegidas tienen índices de marginación alto y muy alto, situación que contrasta con la gran riqueza biológica y el potencial existente de aprovechamiento sustentable con los recursos naturales en las mismas.

Además, señala que 26 por ciento de la superficie ocupada por esas áreas se localiza dentro de ejidos, comunidades y otros centros de población en los que 16 por ciento son indígenas. De las 177 áreas naturales protegidas decretadas al 31 de marzo de 2016, 80 reportan la presencia de comunidades indígenas. Incluso, en algunas de ellas más de 90 por ciento.