unque falta esperar la segunda vuelta del 5 de junio para saber quién –Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori- ocupará la presidencia de Perú, las elecciones generales del 10 de abril ya han modificado sustancialmente el mapa político del país.

El triunfo en primera vuelta de Keiko Fujimori y de su partido, Fuerza Popular, era descontado. Luego de seis años de campaña ininterrumpida, una aplastante presencia televisiva, ríos de dinero regado sobre el Perú profundo –parte probablemente de los 6 mil millones robados por su padre en la Presidencia–, los caseríos andinos más perdidos pintados con la K naranja, era lógico que capturase casi 40 por ciento de los votos válidos (en realidad sólo 27 por ciento de electores).

Las casi 6 millones de preferencias captadas (y compradas) por Keiko Fujimori se traducen en más de 70 curules en un Congreso unicamaral de 130 diputados y otorgan a los fujimoristas la mayoría absoluta en el Poder Legislativo.

Esta cifra sólo es rebasada por la cantidad de electores, en un universo de casi 22 millones, que no acudieron a sufragar o votaron blanco o viciado. Fueron los 7 millones de desencantados y disgustados de la política institucional que conformaron el primer partido de estas elecciones, hecho inusual en un país donde sufragar es obligatorio y la abstención es multada.

Las elecciones generales del 10 de abril han registrado también un inesperado resurgimiento de la izquierda aunada en el Frente Amplio, que gracias a la exitosa candidatura de Verónika Mendoza, que resultó en tercer lugar con casi 19 por ciento de preferencias, a sólo 2 puntos de Kuczynski, conquista 21 parlamentarios, presencia institucional que no tenía desde los años 80.

El duelo de junio entre Keiko Fujimori, la hija del dictador detenido, de quien ha tenido que tomar distancia a lo largo de la campaña, y Pedro Pablo Kuczynski, ex secretario de Estado amigo de Wall Street y de las grandes corporaciones trasnacionales que ha tenido que renunciar a la nacionalidad estadunidense para demostrar su completa peruanidad, será un certamen entre dos modelos políticos –uno autoritario y populista, el otro elitista y tecnocrático–, pero un solo modelo económico: neoliberalismo ortodoxo basado en la reducción del Estado, el extractivo sin cotos y la inversión extranjera.

El proceso electoral se ha visto viciado por la intervención sesgada del Jurado Nacional de Elecciones, que ha excluido de la contienda a dos candidatos punteros, cerrando los ojos frente a las mismas infracciones –dádivas en dinero, falta de primarias democráticas en los partidos– cometidas por otros candidatos. El ejemplo más sonado es el de Keiko Fujimori, quien ha sido filmada al menos en seis ocasiones distribuyendo dinero entre sus simpatizantes, sin ser notificada ni amonestada por el mismo jurado.

Esta primera vuelta electoral, que ni los muy dispuestos observadores europeos han podido calificar de inmaculada, ha traído otras modificaciones importantes, como la desaparición de Perú Posible, el partido del ex presidente Alejandro Toledo (1.08 por ciento), y la virtual extinción de dos partidos históricos: el APRA, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, en 1924, y el Partido Popular Cristiano, surgido en 1966 de una escisión de la Democracia Cristiana. La fusión de estos dos partidos, otrora rivales, en la Alianza Popular, que sostenía la candidatura de Alan García en busca de su tercera presidencia, ha sido desastrosa para ambos y es sólo gracias al favoritismo –¡otra vez!– del JNE que han podido salvar su registro aun sin alcanzar 7 por ciento que marca la ley para las coaliciones.

El excelente resultado de la izquierda podría haber sido mayor si Gregorio Santos, ex gobernador de la región de Cajamarca, candidato del Partido Democracia Directa, hubiera dado un paso atrás en favor del Frente Amplio. Santos, quien lideró la oposición de Cajamarca al proyecto minero Conga, basado en la destrucción de un ecosistema lacustre, se encuentra preso desde junio 2014 acusado de malversación. Su detención no le ha impedido ganar nuevamente la gubernatura de Cajamarca –aunque no haya podido asumir el cargo– ni participar en la elección presidencial, pero es cierto que el 4 por ciento conseguido el 10 de abril hubiera permitido a Verónika Mendoza pasar a segunda vuelta.

El triunfo de Keiko Fujimori en la primera vuelta ha despertado temores en gran parte del electorado: el hecho de que haya definido los crímenes de su padre –entre los cuales múltiples matanzas de inocentes– como simples errores y que proponga la reintroducción de la pena de muerte no es nada tranquilizante. Las señales contradictorias que vienen de su partido, donde abundan los diputados con antecedentes penales o ligados al narcotráfico, con una neodiputada que anuncia la próxima liberación de Alberto Fujimori por la puerta grande y un vocero declarando que podrán ignorar las minorías, siembran dudas sobre las declaraciones de fe democrática hechas por Keiko a última hora.

El riesgo de una involución autoritaria es denunciado por Mario Vargas Llosa, quien ya fue el kingmaker en las elecciones de 2011, cuando Ollanta Humala derrotó a Keiko. Según el escritor, una eventual victoria de la hija del dictador, quien cumple 25 años de cárcel por los crímenes y robos que cometió durante los 10 años en que gobernó Perú, constituiría una legitimación de aquella dictadura corrupta y sanguinaria y un retorno al populismo, a la división enconada y a la violencia social de los que el país había comenzado a salir desde que recuperó la democracia en el año 2000.

* Periodista italiano