Como parte de la fiscalización del presupuesto federal, entre 2009 y 2014 distintas dependencias del gobierno, organismos, estados y municipios han tenido que devolver 63 mil 237.4 millones de pesos; en ese periodo prevaleció la práctica de incrementar el costo de las obras adjudicadas a empresas privadas, así como la subcontratación como método para eludir las licitaciones públicas.

En su análisis al informe de la cuenta pública 2014, que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados refirió que al 5 de febrero se había reportado una recuperación de 6 mil 116.1 millones de pesos, de los 42 mil 702 millones que se presentaron como irregularidades en el gasto de ese año.

La UEC –órgano de la cámara revisor de la ASF– informó que en los dos primeros años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto las recuperaciones ascienden a 12 mil 692.6 millones, y el resto a los últimos cuatro del sexenio de Felipe Calderón.

El documento señala que en los procesos de adquisición dos elementos propician riesgos: cuando la entidad a la que se adjudican los contratos no posee la capacidad técnica para cumplirlos, y el exceso en el límite permitido de subcontratación, que es de sólo 49 por ciento.

‘‘Así, los niveles altos de subcontratación resultantes no están sujetos a las medidas de control que se establecen en un proceso de licitación, y por ende se propician incentivos para actuar con discrecionalidad’’, expuso.

Señaló que se detectaron prácticas irregulares, que llegan a una subcontratación al ciento por ciento, sobreprecios, pruebas insuficientes de la realización de trabajos contratados y proveedores comunes.

Presentó como ejemplos de la subcontratación a las universidades de El Carmen, Autónoma del estado de México y Autónoma del estado de Morelos, en contra de las cuales la ASF determinó recuperaciones probables por mil 157.6 millones, 120.4 millones y 13 millones de pesos, respectivamente, que corresponden a distintos contratos que les fueron asignados, pero que cedieron a empresas privadas.

Además alertó que es práctica común que las obras públicas se entreguen a la iniciativa privada, y que si bien las figuras de licitación o adjudicación directa se aplican para intentar que el costo y calidad de las construcciones sean los mejores para el Estado, al final no ocurre así.

‘‘Se observan problemas recurrentes en obra pública en torno a los procesos de planeación, contratación y ejecución de los trabajos; modificaciones al proyecto ejecutivo original, ocasionando incrementos importantes en el monto de inversión o prórrogas en los plazos de contratación, ejecución y puesta en operación, con la consecuente repercusión social y económica de no contar con las obras y servicios en el plazo y monto contratados, y limitaciones en el control y supervisión de los proyectos’’, indicó la UEC.

Refirió que ante ese panorama la ASF ha propuesto a la Cámara de Diputados aprobar una ley general de obra pública, que imponga un control estándar, para dar solidez técnica y rigor administrativo a los procesos de contratación. La UEC expuso que de la cuenta de 2014 aún quedan por aclarar 42 mil 702 millones de pesos, que podrían exigirse si los entes auditados no presentan la documentación comprobatoria del gasto.

Detalló que de las recuperaciones de ese año la mayoría corresponden al sector Hacienda, con 16.9 por ciento; Comunicaciones y Transportes, 25.5, y del Fondo de Apoyo a la Educación Básica, 18.4 por ciento.